Editorial: La misma historia

Existe amplia evidencia de que el Estado peruano no es un buen empresario. Sus incursiones en la actividad empresarial han resultado, en su gran mayoría, en fracasos. Recordemos, si no, las fenecidas compañías públicas que existieron entre los setenta y ochenta –como Centromín, Enafer, Aero-Perú, por mencionar solo unas cuantas– o los llamados bancos de fomento, que fueron liquidados en 1992 por el gobierno y le costaron US$555 millones al tesoro público.

Y, sin embargo, hasta la fecha algunos sectores insisten en que el Estado participe en la empresa. La última iniciativa se conoció esta semana: el Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de ley para convertir Agrobanco –la agonizante financiera estatal que otorga créditos a tasas menores que la banca comercial a los agricultores– en Mi Agro, una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, y bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), que se dedicaría al financiamiento de segundo piso para la actividad agrícola.

Según la exposición de motivos del proyecto de ley, Agrobanco “presenta problemas de carácter estructural asociados a su modelo, gobernanza y política de asignación de créditos”, y por ello debe sustituirse. Una descripción bastante certera. El problema es que al examinar la propuesta del Ejecutivo, no queda muy claro cómo se conseguirá que no debamos decir lo mismo en algunos años al referirnos a Mi Agro.

La nueva entidad está heredando Agrobanco en su totalidad: sus pasivos y activos, inmuebles, personal y su cartera pesada, que actualmente es más de S/766 millones. El ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo, ha indicado que una diferencia entre ambas instituciones es que Mi Agro no otorgará créditos directamente a los agricultores, sino que destinará a entidades del sistema financiero privado montos específicos para que estas determinen las tasas de interés y los préstamos que les darán a los beneficiarios. De esta manera –en teoría– se reduciría el riesgo financiero que implica dar crédito directamente a una actividad con alta probabilidad de impago. El ministro también ha señalado que Mi Agro servirá únicamente a los pequeños agricultores, ya que son estos los que tienen dificultades en acceder al crédito. Quiénes calificarán como tales será determinado en el reglamento de la ley.

Esta historia ya es conocida. Después de todo, el propósito original de Agrobanco era, justamente, funcionar principalmente como un banco de segundo piso y atender solamente a los pequeños agricultores. A pesar de ello, hoy el 60% de su cartera pesada corresponde a créditos otorgados a 52 grandes empresas y el resto a las deudas provenientes del sector café, por la roya amarilla.

Y es que el problema de fondo detrás de entidades como Mi Agro o Agrobanco es que, mediante subsidios, se pretende corregir fallas del mercado donde no las hay. El proyecto de ley también indica que “la intervención subsidiaria del Estado –como proveedor de créditos y garantías al sector agropecuario– se debe a que las empresas privadas no llegan a satisfacer las demandas de créditos de los pequeños productores agropecuarios”. Pero lo cierto es que en un mercado privado competitivo, quienes acceden a un préstamo lo obtienen a una tasa de interés que refleja el riesgo de sus actividades, y no reciben créditos quienes presentan un riesgo demasiado elevado.

Dicho de otro modo, en este caso no existe una justificación de peso para utilizar fondos públicos –que, en el caso de Mi Agro, requerirán de un aporte de nuevo capital por hasta S/100 millones, los cuales provendrán del fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales para el subsidio de un sector.

Sería obstinado insistir en continuar con un experimento que ya ha fracasado. Un error que no solo se ha cometido en la banca, sino también en varios otros sectores económicos, a un altísimo costo para el Estado: hace más de dos décadas, este tuvo que asumir, por ejemplo, US$765 millones de deuda externa de empresas como Centromín, Entel-Perú, Sider-Perú, entre otras, antes de su privatización.

Finalmente, si lo que se quiere es ayudar a los pequeños agricultores, hay otras alternativas más eficientes que deberíamos estar explorando. Por ejemplo, fomentar la creación de clústeres productivos: la formación de comunidades más grandes de pequeños agricultores –quienes suelen estar separados entre sí– incrementaría su productividad. O estudiar la posibilidad de incentivar su acceso a microseguros, insumos y maquinaria. Las alternativas son varias, y el gobierno haría bien en recordar ello.