Editorial: Informalidad empadronada

Desde este Diario, hemos venido advirtiendo consistentemente sobre el riesgo que la gestión de Juan Francisco Silva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) representa para la reforma de transporte. Iniciada hace unos años, como sabemos, esta busca brindarles a los ciudadanos una propuesta segura, ordenada y articulada para que puedan desplazarse, en lugar del ecosistema caótico, enmarañado y mortífero –en el Perú mueren en promedio ocho personas cada día por accidentes de tránsito, según la policía– que componen nuestras pistas hoy en día.

Un punto crucial en esta reforma, sin duda, es la eliminación del taxi colectivo, un servicio sobre el que nuestra campaña #NoTePases ha llamado la atención por las condiciones precarias en las que se ofrece; esto es, sin rutas definidas, sin paraderos delimitados (los usuarios suben y bajan en cualquier parte), sin GPS (no se puede monitorear la velocidad máxima a la que van), sin sistemas de seguridad para los pasajeros y sin control de horas de sueño para los conductores. En suma, la informalidad sobre cuatro ruedas. Con lo que sí cuentan estos vehículos, por el contrario, es con una larga lista de accidentes e infracciones en nuestras vías y con una poderosa influencia en nuestras autoridades que se ha traducido en reiterados intentos, desde el Ejecutivo o el Congreso, por ‘formalizarlos’.

El último de estos se concretó esta semana. El lunes, minutos antes de las 10 de la noche, se publicó en una edición extraordinaria de “El Peruano” una resolución del MTC firmada por el ministro Silva que dispone la creación de un “padrón de prestadores del servicio de transporte de personas en automóvil colectivo” en el que básicamente cualquier persona puede inscribirse solo a través de una declaración jurada. Y decimos “básicamente” porque, si bien es cierto que la resolución establece que solo se autorizará a prestar el servicio a aquellos que “cumplan con los requisitos y condiciones técnicas que se establezcan en el reglamento de la Ley 31096″, dicho reglamento todavía no existe. Lo que existe es un proyecto de reglamento publicado en enero que solo estipulaba un puñado de especificaciones que, a criterio del exjefe de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, el coronel PNP (r) Franklin Barreto, son insuficientes para garantizar la seguridad de los pasajeros y evitar accidentes.

La resolución del MTC, además, se basa en una ley –la 31096– aprobada por insistencia en el Congreso anterior que autoriza el servicio de taxi colectivo en todo el país, con excepción de Lima y el Callao, en vehículos de clasificación M1 (tipo sedán y station wagon) y M2 (como las minivanes) sobre los que especialistas han advertido por su vulnerabilidad en caso de siniestros (carrocería sensible, cinturones de seguridad inadecuados y asientos que no están soldados al armazón del vehículo, entre otros).

No menos alarmante es la disposición del documento para que la entidad encargada de administrar el padrón de colectivos sea la Sutrán. En otras palabras, un ente creado para supervisar el cumplimiento de las normas y evitar la informalidad en nuestras pistas ahora será garante de sus principales promotores. Como sabemos, en los últimos años, varios inspectores de la Sutrán fueron embestidos por taxis colectivos como los que ahora empadronarán. Parece una broma de mal gusto, pero no lo es.

Uno podría creer que, con este tipo de disposiciones, el ministro Silva se gana a pulso su destitución. La realidad, sin embargo, es que parece intocable. No solo porque su continuidad no ha sido puesta en duda (a pesar de sus variados guiños al transporte informal en estos cinco meses) ni por el presidente Pedro Castillo ni por la jefa del Gabinete, Mirtha Vásquez, sino porque en el Congreso tampoco parece haber interés alguno en censurarlo. Por el contrario, como mencionamos la semana pasada, se han presentado iniciativas en el Parlamento que confluyen con algunos de los intereses nada benignos del titular del MTC.

Todos (ministro, Ejecutivo y congresistas), así, parecen ir sentados en el mismo colectivo que se aleja cada vez más de la reforma del transporte.