La descentralización y la pandemia

En épocas de crisis, las grandes decisiones se suelen concentrar en un liderazgo unificado. Por obvios motivos, es el Poder Ejecutivo –con el presidente de la República, Martín Vizcarra, a la cabeza– el que asume hoy las mayores responsabilidades de la conducción del país durante el período de emergencia.

Eso no significa, por supuesto, que no haya espacio para la política subnacional. De hecho, aunque no se le ha dado la suficiente relevancia en los últimos meses, el proceso de descentralización política también ha jugado y juega un rol significativo en esta pandemia.

En primer lugar, es justo señalar que la responsabilidad del disfuncional y deficiente sistema de salud pública es compartida entre los representantes nacionales y las autoridades subnacionales. El año pasado, por ejemplo, de los S/2.655 millones presupuestados para inversión en infraestructura de salud a cargo de los gobiernos regionales, apenas se ejecutó el 52,8%. Los gobiernos regionales de Cusco, Cajamarca y Amazonas no llegaron ni al 30%. De acuerdo con una reciente investigación de Ojo Público, “obras de construcción y mejoramiento de hospitales en siete regiones del Perú se encuentran detenidas por presuntos actos de corrupción y decisiones sin sustento técnico”. De acuerdo con este portal, se habrían gastado S/1.900 millones en 14 hospitales hoy inconclusos y paralizados.

Y el problema no es solo de infraestructura: la semana pasada, por ejemplo, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción, en Áncash, intervino la Dirección Regional de Salud (Diresa) debido a presuntas irregularidades en la compra de pruebas rápidas. Hechos similares se denunciaron en las últimas semanas en Loreto, Huánuco, Amazonas y otras regiones.

Hay errores también de defecto y de exceso en la acción de las autoridades locales para combatir la pandemia. Entre los primeros están las graves fallas para la adecuada fiscalización de los mercados municipales, que se convirtieron rápidamente en focos de contagio a lo largo del Perú. Algunas autoridades locales, por su lado, han excedido sus competencias y limitado la actividad económica en sus provincias y distritos, yendo incluso más allá de las restricciones nacionales. Hace unos días, por ejemplo, se cerró un supermercado en Huacho por vender productos no considerados de primera necesidad. En provincias de Tacna, Moquegua y otras regiones, los horarios de apertura de negocios han sido más acotados que los nacionales, contribuyendo a las aglomeraciones. Los ejemplos de este tipo en distritos de la capital también son numerosos.

Esto último resalta un aspecto fundamental pero que ha sido mal utilizado: la descentralización del Perú debe aprovecharse para transitar hacia una cuarentena sistemática, ordenada y focalizada en zonas de alto riesgo. Como sucede en la mayor parte del mundo, deben existir diferencias claras en la rigidez de la cuarentena que experimentan distintas zonas del país en función de sus indicadores de contagio, su capacidad de respuesta sanitaria, su posibilidad de fiscalización efectiva, etc. Las diferencias no pueden depender, como hasta hoy, del exceso de celo hacia la actividad económica formal que demuestre el alcalde de turno.

El gobierno nacional, como mencionamos al inicio, lleva hoy la mayor parte de la responsabilidad en el manejo de la crisis –para bien o para mal–. No por eso, sin embargo, se deben dejar de reconocer los crecientes espacios de poder de las autoridades locales. Tanto en salud como en economía, ellas son también parte necesaria del problema y de la solución.