Las malas señales continúan

La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) es un programa que, como su nombre indica, busca transparentar información concerniente a industrias como la minería o los hidrocarburos en aquellos países que decidan adherirse a esta. A nivel local, la EITI permite que los ciudadanos conozcan, por ejemplo, cuánto han pagado las empresas mineras en impuestos a los gobiernos de modo que puedan demandarles a sus autoridades una rendición de cuentas más rigurosa, y a nivel internacional, es un reconocimiento que le inyecta confianza a los inversores de que determinado país viene siguiendo los estándares adecuados (no por nada la OCDE la considera como un distintivo de buenas prácticas).

El Perú se adscribió a la iniciativa en el 2005 y, desde entonces, ha expedido siete informes de transparencia que comprenden a los años fiscales que van desde el 2004 hasta el 2018. En ese lapso, distintos gobiernos pasaron, pero el compromiso del país se mantuvo vigente… hasta ahora. Esta semana, la EITI informó en su página web que había decidido suspender temporalmente al Perú por no enviar el informe de transparencia concerniente al año fiscal 2019 y cuyo plazo máximo de entrega expiró el 31 de marzo pasado.

Tan preocupante como es, la noticia está lejos de ser sorpresiva, pues organizaciones civiles y gremios de los sectores involucrados ya venían advirtiendo en los últimos meses sobre el incumplimiento de nuestras autoridades en esta materia. Y aunque ciertamente la medida puede ser revocada si se corrige la infracción hasta setiembre, sería irresponsable asumir que lo ocurrido ha sido apenas un descuido. En realidad, forma parte de un problema mucho más grande.

La entidad encargada de contratar al consultor internacional que debe realizar el mentado informe de transparencia es el Ministerio de Energía y Minas (Minem), una cartera que ha estado en la mira de Perú Libre y de su fundador, Vladimir Cerrón, desde inicios de la gestión de Pedro Castillo y que ha venido siendo copada por personas a las que se las designa no por sus aptitudes técnicas, sino por su membrete partidario.

La suspensión de la EITI, además, es otra muestra de la desidia que ha exhibido este Gobierno hacia las industrias extractivas, en general, y hacia la minería, en particular, ilustrada, entre otros, en su incapacidad (y a veces indiferencia) para gestionar los conflictos sociales que han paralizado importantes operaciones en el sector, como Las Bambas o Cuajone. Una actitud que no ha pasado desapercibida en el exterior: en abril se publicó el último ránking de competitividad minera del Instituto Fraser de Canadá que nos ubicó en el puesto 42 de 84, una caída de ocho posiciones con respecto al año pasado que envía señales poco auspiciosas al extranjero sobre el atractivo de la actividad minera en el país en momentos en los que el cobre y otros metales vienen alcanzando precios históricos.

Por otro lado, no deja de ser alarmante que un gobierno que llegó al poder enarbolando la promesa de colocarle nuevos impuestos a la minería haya recibido una advertencia por no transparentar la información sobre los pagos que ya se realizan.

En un plano más general, finalmente, la noticia de la EITI le suma otra raya al tigre del deterioro de la administración pública bajo este Gobierno; un problema que atraviesa a distintas dependencias y organismos, pero que se ha acentuado en aquellos sectores controlados por el cerronismo, como Salud y Energía y Minas.

Aunque no se vean a simple vista, las mismas circunstancias que provocaron la ralentización y los errores en el proceso de vacunación contra el COVID-19 son aquellas que subsisten detrás de la decisión de la EITI. Son consecuencia de una administración pública cuyos integrantes vienen siendo elegidos no por sus capacidades o sus pergaminos, sino por sus filiaciones al partido político que se encuentra en el poder. Las malas señales continúan y nada hace pensar que vayan a revertirse pronto.