Editorial: Lista de buenos deseos

Un problema fundamental que tendrá que enfrentar el próximo gobierno es la inseguridad ciudadana. Lo que hagan o dejen de hacer las autoridades será decisivo para recuperar el terreno ganado por la delincuencia.

Al respecto, llama la atención que ciertos candidatos y sus equipos técnicos no hayan enfatizado el tema. La discusión parece haberse reducido a saber si el candidato está a favor de la intervención de las Fuerzas Armadas o no en la lucha contra la delincuencia. El problema, empero, es mucho más hondo que eso.

Destaca, por ejemplo, que la Alianza Popular, presidida por Alan García y Lourdes Flores, haya dedicado poco menos de dos páginas en su “Plan de gobierno nacional para el período constitucional 2016-2021” a esta materia. 

El documento indica, entre sus propuestas, que debe contarse con las Fuerzas Armadas “de manera temporal y en determinadas áreas geográficas, para disuadir a la delincuencia”. Se trata, evidentemente, de un paliativo.

Cabe preguntarse, por supuesto, si la mera presencia de las Fuerzas Armadas basta para disuadir a la delincuencia. ¿Quiere decir acaso que esta dejará de existir? ¿Que los criminales serán atrapados y encarcelados?

Disuadir a los delincuentes a que no actúen por un tiempo y en determinados lugares no resuelve el problema, lo pospone. Quizá la propuesta busca posponerlo para resolver mientras tanto el problema de fondo.

Además, es necesario precisar si esa presencia incluye acciones de interdicción o solo de vigilancia. En los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno. Eso es muy distinto a asignarles una función meramente disuasiva.

Por otro lado, es rescatable que entre sus propuestas la Alianza Popular plantee la reestructuración y reorganización de la Policía Nacional (PNP). Más aun cuando esta institución “previene, investiga y combate la delincuencia”, según nuestro ordenamiento constitucional.

Hay que notar, sin embargo, que algunos de los problemas de la institución nacieron en la reorganización que dispuso, precisamente, Alan García en su primer mandato. Hay quienes sostienen, sobre este punto, que la centralización de sus funciones retrasó el desarrollo de la investigación criminalística.

Reestructurar la PNP para “reducir la corrupción institucional” es un deseo plausible. No obstante, el documento no revela ningún plan, estrategia o pauta para desarrollar esta propuesta. Cómo hacerlo es la cuestión clave para un político que quiera afrontar estos problemas.

En contraste, una buena propuesta del plan de la Alianza Popular es fusionar los consejos de lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. Sobre todo, si se propone que lo encabece el presidente de la República.

La lucha contra el crimen debe desburocratizarse, pero puede ganar mucho de un mando al más alto nivel. La clave estará en encontrar el balance adecuado, de lo cual no informa el plan de gobierno.

La propuesta incluye también convenios con las municipalidades, juntas vecinales, rondas campesinas y comités de autodefensa. No dice nada, sin embargo, sobre las comisarías, su logística e integración en un mismo sistema informático.

Quizá haya una mención al tema, pero hecha en un lenguaje poco descifrable. Así, el documento indica: “Empleo estructurado de las plataformas de tecnología de la información para mejorar la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado”.

No hay mención a una interconexión de la PNP con el Reniec o con el sistema de requisitorias y el de antecedentes. Tampoco se habla de un cambio en el Código Penal en relación con los hurtos de montos menores y su monitoreo. Nada dice, además, sobre el sistema de beneficios penitenciarios y las conmutaciones de penas.

La campaña debe servir para que los candidatos publiquen sus propuestas. Esperamos que la Alianza Popular y las demás agrupaciones se den el tiempo para mejorarlas y hacerlas pasar de una lista de buenos deseos a planes de acción concretos y eficaces.