Editorial: Los límites de la protesta

No han pasado ni 20 días desde que varios puntos de la carretera Panamericana fuesen liberados tras la derogatoria en el Congreso de la Ley de Promoción Agraria para que las vías volvieran a ser tomadas. Esta vez, aunque el panorama es el mismo, el motivo es otro: el regreso del proyecto de ley del nuevo régimen agrario a la Comisión de Economía del Congreso luego de que recibiese solo 25 endoses en el hemiciclo el último domingo.

Más allá del tema de fondo, sin embargo, está la forma en la que en los últimos años las manifestaciones en nuestro país han concebido acciones como la toma de carreteras, la destrucción de la propiedad privada o la retención de funcionarios estatales como una herramienta válida para enfatizar la protesta (y este martes, curiosamente, esas tres acciones coincidieron en una sola jornada), y en la que los ciudadanos las hemos aceptado, resignados, como una nueva normalidad.

Y aquí hay que llamar fuertemente la atención sobre dos hechos deleznables registrados ayer. En Ica, un grupo de personas detuvo, volcó y quemó una ambulancia, alegando que allí se transportaba de manera furtiva a efectivos policiales (algo, por supuesto, falso y que nos lleva a preguntarnos por qué entonces no dejaron el vehículo en paz una vez que bajaron a sus ocupantes y vieron que no había más personas allí). “Ica tiene 10 ambulancias, ahora son 9. […] Tranquilamente los heridos en la manifestación podrían necesitar esa ambulancia y no la van a tener”, lamentó al respecto la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, que, además, contó que el chofer de la unidad acabó policontuso. “Atentar contra una ambulancia, contra personal de salud… realmente nos estamos disparando en el pie”, resumió.

Quemar ambulancias, en efecto, no tiene nada de protesta social; es vandalismo puro y duro y, en el contexto en el que nos encontramos, es además un atentado contra todos aquellos peruanos que podrían requerirla en las próximas semanas.

Mientras que en La Libertad, según información confirmada por la policía a este Diario, los manifestantes retuvieron a un número indeterminado de efectivos policiales a lo largo del día. Además, circularon audios y videos que evidenciaban que los agentes estuvieron en algunos puntos de la Panamericana deficientemente equipados para contener a los manifestantes y liberar las vías.

Como decíamos antes, no es la primera vez que escenas como estas aparecen durante una protesta. La realidad, sin embargo, es que el hecho de que se hayan convertido en prácticas recurrentes durante las movilizaciones sociales en el Perú no significa, bajo ningún concepto, que sean válidas ni que las debamos pasar por agua tibia. Por encima de todo está el perjuicio que estas ocasionan a esos peruanos que ven su derecho a la circulación restringido, su propiedad vulnerada o –en el caso más extremo– su libertad conculcada, por aquellos que, paradójicamente, demandan derechos transgrediendo los de los demás.

Tampoco se trata, como dijimos el 5 de diciembre en este mismo espacio, de legitimar estas medidas arguyendo que son “la única forma de que algunas demandas sean escuchadas”. Pues ello supondría dar vía libre para que cualquier grupo de personas que considere su causa como justa (y, como sabemos, pueden haber tantas nociones de justicia como personas en un país) pueda ponerlas en marcha vulnerando las libertades de los demás.

Una mención aparte merecen los legisladores que, en búsqueda de un poco de popularidad, se han volcado a hacer promesas que son poco viables en la práctica o que podrían terminar causando más daños que beneficios. La responsabilidad, señores congresistas, es algo que no se negocia. Y el Estado de derecho, algo a lo que –manifestantes, policías o ciudadanos en general– no podemos renunciar. Y habrá que recordar esto cuantas veces sea necesario para no caer en esa lógica perversa que acepta como normal todo lo que hemos visto ayer.