Editorial: El miedo al extranjero

Lejos quedaron los días en los que era afuera donde una gran cantidad de peruanos encontraban las oportunidades para desarrollarse profesionalmente. Tanto es así que hoy el Perú no es solo atractivo para nuestros compatriotas, sino también para extranjeros. No en vano desde el 2012 hasta hoy el ingreso de trabajadores foráneos al país aumentó en 35% y se estima que solo este año se habrán incorporado 60 mil más.

La contratación de extranjeros, no obstante, es algo que la ley desincentiva. En nuestro país una norma que existe hace más de veinte años establece, por regla general, que los empleados extranjeros no pueden representar más del 20% del total de la planilla y que el monto de su remuneración no debe ser mayor que el 30% del total de sueldos y salarios. Asimismo, la ley manda que cuando se contrata a un extranjero, el empleador debe capacitar al personal nacional en las mismas funciones que desempeñe el primero (capacitación que si fuese a tener un beneficio para la productividad de la empresa sería, que no quepan dudas, llevada a cabo aún sin ser obligatoria). Por otro lado, según Carlos Fernandez Gates, gerente del área legal corporativa de PriceWaterhouseCoopers, la regulación que dicta la Superintendencia Nacional de Migraciones para solicitar permisos de trabajo establece procesos sumamente engorrosos e ilógicos, como si quisiese desalentar este tipo de contrataciones. 

¿Existe acaso alguna buena razón para que el Estado dificulte el reclutamiento de recursos humanos fuera del país?

Quizá estos obstáculos son una reacción al miedo de que los extranjeros le quiten trabajo a los locales. Lo cierto, sin embargo, es que ninguna empresa nacional contrata personal de fuera porque tenga algo en contra de los trabajadores peruanos, sino más bien porque en el mercado local no encuentra el talento que requiere para una determinada posición. De hecho, prueba de cuán necesarios pueden llegar a ser estos recursos humanos es que sus empleadores están dispuestos a transitar con ellos el largo camino que hoy en día implica contratar trabajadores de fuera y en muchos casos a asumir los costos de mudar de país a una persona y a su familia. 

Por otro lado, no podemos dejar de señalar que este proteccionismo –como suele suceder con todos los proteccionismos– en el mejor de los casos beneficia a un pequeño grupo en perjuicio de la gran mayoría. Por asegurarle un empleo a algunos peruanos, se reduce la capacidad productiva de la empresa al estar restringidas sus posibilidades de contratar personal más especializado. Y una menor productividad supone menores ganancias para los negocios, menores excedentes que puedan ser utilizados en expandir la empresa o crear más puestos de trabajo, e incluso una menor capacidad de ofrecer mejores productos a precios más bajos. Por eso, a nivel macro, una menor productividad supone que el país reduzca su crecimiento y sus posibilidades de generar empleo y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.

Por cierto, la productividad de nuestras empresas es un tema que debería preocuparnos. En el 2013, según un reporte de Euromonitor, la producción mensual de un trabajador en el Perú se encontraba por debajo de la de Chile, Venezuela, México, Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador. 

Finalmente, en vez de hacerle más difícil la vida a las empresas peruanas restringiendo su capacidad de reclutar talento, el Estado debería enfocarse en resolver aquello que impide que los peruanos sean más productivos y que lleva a algunos empleadores a buscar recursos humanos en el exterior. Por ejemplo, los obstáculos regulatorios –tantas veces mencionados en esta página y que el mismo Estado coloca– que impiden que las instituciones educativas peruanas adecúen su oferta a las necesidades del mercado de trabajo o las regulaciones laborales que dificultan que se contrate a personas para las que el empleo será un lugar de capacitación y un medio para elevar su productividad.