Editorial El Comercio

Si una nueva serie televisiva propusiese un guion que retratase con fidelidad los acontecimientos alrededor del presidente y de su entorno en los últimos meses, probablemente su intento sería considerado demasiado inverosímil y excesivo. Después de todo, y aún con sendos escándalos de corrupción a cuestas en la memoria nacional, hasta hace poco hubiera sido impensable que en el seno de lo más alto del poder político se den prácticas propias de una mafia televisiva de poca monta.

Pues no es otra cosa lo que habrían revelado las declaraciones de diversos colaboradores eficaces ante el Ministerio Público. De acuerdo con uno de los últimos testimonios, el ex secretario general de Palacio de Gobierno habría arrojado celulares de edecanes del mandatario al mar de La Punta (Callao) y quemado documentos para esconder evidencia que vinculaba al presidente Castillo con el empresario Samir Abudayeh, dueño de Heaven Petroleum Operators. Esta empresa firmó un contrato por US$74 millones con Petro-Perú para la compra de biodiésel, y el mandatario habría ordenado a Camacho desaparecer los registros de sus reuniones con Abudayeh.

Revelaciones recientes agregan que el presidente habría hecho todo lo posible para comprar el silencio de su otro secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, desde tramitar un asilo político con el dictador venezolano, Nicolás Maduro, hasta pagos en efectivo. Incluso habría ordenado a Camacho apagar las cámaras para reunirse con su hombre de confianza cuando este ya se encontraba prófugo y con el grupo de congresistas conocidos como ‘Los Niños’. Todo efectuado con una desvergüenza y descuido propios de una producción hollywoodense de segundo orden.

Para continuar con la trama, el breve fallecimiento de Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la célebre casa del jirón Sarratea que funcionaba como un despacho presidencial paralelo, agregó una cuota de sordidez y absurdismo al guion. De acuerdo con registros del Reniec, el amigo del presidente Castillo figuró como fallecido desde la noche del 13 de octubre hasta la mañana del viernes 14. Sánchez se encuentra prófugo de la justicia, y desde la clandestinidad indicó vía redes sociales que no se entregará, pues “no ha cometido ningún delito”. El desarrollo de esta subtrama continúa con mutuas acusaciones de responsabilidad por el certificado de defunción apócrifo entre el Ministerio de Salud y el Reniec.

En medio de todo, un tema recurrente del que el presidente Castillo no ha podido escapar y que ahora se complica aún más es el nombramiento de Hugo Chávez en la gerencia general de Petro-Perú. De acuerdo con Fermín Silva, dueño de la clínica La Luz, él entregó S/45 mil a Bruno Pacheco para garantizar el nombramiento de Chávez. Una parte de ese monto habría tenido como destinatario final al presidente Castillo. El sobrino de Silva fue testigo del intercambio y reconoció que este existió ante la fiscalía.

Los contundentes testimonios acumulados por la fiscal de la Nación –con detalles coincidentes de fechas, lugares, montos y actores– apuntan a una conclusión inevitable: el presidente de la República sería el líder de una poderosa organización criminal que hará todo lo posible para interferir con la labor de la justicia. Tal es lo que ha planteado ante el Congreso. Y mientras los indicios de corrupción se acumulan cada día más, la red delictiva ni siquiera se preocupa ya en cuidar las formas: la supervivencia y la impunidad son lo único que parece importarle a estas alturas.

Y, sin embargo, a causa del sistema de incentivos perversos de la política nacional, la salida del presidente Castillo no se aparece en el horizonte cercano. Incluso para un guion televisivo que narrase tal seguidilla de escándalos incriminatorios, sería difícil imaginar que la serie tiene aún muchos capítulos por delante. En realidad, parece aún bastante lejos de terminar.