Editorial: El padre del monstruo

Que el funcionamiento irregular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) se había convertido en un problema para este gobierno y para cualquiera que lo sucediese era algo que sospechábamos hace tiempo y sabíamos a ciencia cierta hace algunos meses. Lo que ignorábamos hasta ahora era que las dimensiones de esa forma ilegal de operar eran tales que estábamos enfrentando a un verdadero monstruo, imposible de ser dominado con un cambio de autoridades o una junta supervisora de notables.

Un reportaje de la revista “Correo Semanal” ha revelado ayer, efectivamente, que desde esa institución se ha venido espiando a políticos, empresarios y periodistas que nada tienen que ver con su razón de ser –esto es, el combate a las amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, la seguridad y la defensa nacional–, y a una escala que recuerda lo ocurrido hace casi dos décadas con el siniestro SIN de Montesinos.

Gracias a un convenio firmado con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), la DINI estuvo obteniendo información sobre los predios y vehículos de propiedad de ciudadanos a los que no tenía por qué investigar desde enero del 2011 (es decir, en las postrimerías del gobierno de Alan García) hasta febrero de este año.

El encargado de tan ímproba tarea fue el agente Rosendo Francisco Chávez Rojas, suboficial del Ejército en retiro, quien realizó en ese tiempo 100.544 búsquedas de ese tipo, que incluyeron a personas tan disímiles como los congresistas Juan Carlos Eguren (PPC) o Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), representantes del propio gobierno, como la primera ministra Ana Jara o el ministro de Defensa Pedro Cateriano, periodistas como Gustavo Gorriti o Jaime de Althaus, y empresarios como Dionisio Romero o Mario Brescia.

De más está decir que esta abrumadora revelación echa por tierra las especies ridículas que se habían improvisado hasta ahora como coartada para negar los espionajes a personas como la vicepresidenta Marisol Espinoza o el periodista Fernando Rospigliosi: inventarse 100.544 operaciones para desbaratar atentados del terrorismo islámico o bandas de narcotraficantes colombianos no parece factible. 

En realidad, como el número de búsquedas sugiere, la lista de nombres es tan larga que lo interesante es determinar quiénes, perteneciendo al universo investigado, no figuran en ella, pues eso puede dar pistas sobre el origen de las ‘órdenes superiores’ que Chávez Rojas ha dicho que recibió para introducirse en la vida privada de tanta gente.

Es curioso, por ejemplo, comprobar que, en el ámbito del oficialismo, están diversos presidentes del Consejo de Ministros –Salomón Lerner Ghitis, Juan Jiménez o César Villanueva– y algunos ex titulares del Interior – Óscar Valdés o Wilfredo Pedraza–, pero no el generalmente ubicuo Daniel Urresti. En lo que concierne a las familias cercanas a Palacio, por otra parte, llama la atención que mientras los hermanos del presidente, Ulises y Alexis Humala, fueron objeto del irregular escudriñamiento, ningún Heredia mereció el mismo trato.

De cualquier forma, no es a través de la inferencia que la identidad del responsable último de las indebidas instrucciones debe convertirse en información de dominio público. El gobierno, sencillamente, tiene que proveerla de manera inmediata y fehaciente, porque las sospechas penetran en esta oportunidad hasta la médula del poder.

Como es obvio, no podrá ser la primera ministra Ana Jara quien responda a esta demanda, pues la circunstancia de que ella misma se encuentre en la lista de los espiados es una indicación indisputable de que, sobre este respecto, es más lo que ignora que lo que sabe. 

Y menos aún podrá recaer esta responsabilidad sobre la comisión reorganizadora de la DINI recientemente designada, pues entre los ‘notables’ que la integran se encuentran personas tan comprometidas con el gobierno como Jakke Raimo Valakivi Álvarez, viceministro de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa, y Mauro Arturo Medina Guimaraes, viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior.

Así las cosas, las posibilidades que quedan son pocas. Y aunque todas apunten a las esferas más altas de la actual administración, nada debe impedir que el padre de tan inicua criatura sea expuesto y sancionado.