Editorial: Pagaré

La campaña electoral actual revela cambios sustanciales en los líderes de los partidos políticos que confirman la disolución de las ideologías como principio organizador de estos últimos. Esto parece suceder, de manera conspicua, con los dos candidatos que actualmente lideran las encuestas, en un esfuerzo por alejar su imagen del lado derecho del espectro político: Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski.

La faz populista de la postulante de Fuerza Popular (FP) empezó a desplegarse con cierta anticipación. En mayo del año pasado, a propósito de la iniciativa del gobierno de bajar los aranceles para el ingreso de ciertos alimentos, la candidata se dirigió al presidente Ollanta Humala vía Twitter: “Al bajar los aranceles para promover la importación, dejaría desprotegida la producción nacional”. 

El candidato de Peruanos por el Kambio (PPK), por su parte, no se ha quedado atrás en ofrecimientos proteccionistas para industrias nacionales. Para ello, solo hace falta recordar su visita al emporio comercial de Gamarra en la que pidió salvaguardias a las importaciones textiles chinas, solo para retractarse días después aduciendo haber utilizado la palabra equivocada.

La minería ha sido también un campo fértil para ganarse adeptos con iniciativas tan cuestionables como irrealizables. El plan de gobierno de FP sugiere convertir las comunidades aledañas a proyectos mineros en accionistas de las empresas que los ejecutan, a través de un nuevo marco normativo –algo que las empresas ya podrían hacer si resultara conveniente–. Desde una plaza en Juliaca, el candidato de PPK ofrecía retomar la comprobadamente fallida banca de fomento, esta vez para apoyar a mineros pequeños e informales.

Las ofertas de subir la remuneración mínima vital (RMV) tampoco han estado ausentes. Mientras que la candidata de FP ha ofrecido subir la RMV sin especificar el nivel del incremento, el candidato de PPK elevó la apuesta hasta los S/850 mensuales. 

Y para constatar que las ofertas populistas no son exclusivas de ningún símbolo partidario, baste con recordar que en los últimos meses el aprecio por la actividad empresarial estatal ha dejado de ser monopolio de la izquierda peruana. Pese a los continuos problemas financieros, operacionales y, recientemente, desastres ambientales, tanto Fujimori como Kuczynski han apoyado la supervivencia y hasta el fortalecimiento de Petro-Perú. Ninguno de ellos rechazó, siquiera, la cuestionada participación de la estatal petrolera en la explotación del lote 192. 

La oportunidad y el lugar donde los candidatos en cuestión han efectuado estas promesas revelan que, antes que un reflexivo cambio ideológico, se trata de pasionales proclamas adecuadas al auditorio de turno.

Fujimori y Kuczynski no son los únicos, por supuesto, que construyen sus discursos de campaña pensando en la aceptación popular más que en la coherencia (en ocasiones, incluso, con sus declaraciones previas), o siquiera en la viabilidad de sus propuestas. La experiencia reciente nos muestra, empero, que cuando lo prometido no se puede cumplir, el costo político de lo que se dice en campaña termina pasando una fuerte factura al llegar al gobierno.

Sean agricultores, textileros, trabajadores o la gran masa de consumidores del hidrocarburo de turno cuyo precio se ofreció ilusamente reducir, ciertamente son muchos los acreedores que se están creando en campaña. 

El problema de todos estos pagarés que están firmando los candidatos es que el gobierno que aspiran liderar a partir del próximo 28 de julio probablemente no pueda respaldar tantas deudas. De hecho, sería muy perjudicial que se paguen muchos de los populistas ofrecimientos. Después de todo, la billetera del Estado no la llenan sus promesas.