Editorial: Panorama sombrío

La interpelación es un mecanismo de control político a cargo del Congreso de la República expresamente contemplado en la Carta Magna. En ese marco constitucional, entonces, resulta perfectamente válida la determinación de la bancada de Fuerza Popular (FP) de interpelar al ministro Carlos Basombrío; por lo que, en razón de la mayoría parlamentaria obtenida por FP en las urnas, el titular del Interior deberá acudir en los próximos días al Parlamento a responder el pliego interrogatorio que se le formule. 

#Ahora En reunión de BANKADA se aprobó por UNANIMIDAD interpelar al Ministro del Interior Carlos Basombrio.— Bankada Fza Popular (@BankadaFP) 10 de mayo de 2017

Que una atribución sea constitucional, sin embargo, no significa que su ejercicio se encuentre inmune a actitudes irresponsables o vindicativas. Y ese es precisamente el riesgo que se puede presagiar en este caso a partir de algunas declaraciones de los representantes de la bancada naranja.

Las motivaciones para la interpelación exteriorizadas por los legisladores fujimoristas tienen que ver con una marcha de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) en la que se infiltraron algunos representantes del Movadef (el brazo político de Sendero Luminoso) y con el desempeño del ministerio en el combate contra la delincuencia.

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En algunos casos, no obstante, pareciera que los parlamentarios no estuvieran tan interesados por las eventuales respuestas del ministro ante la representación nacional y que, más bien, la interpelación fuera un mero formalismo por cumplir de manera previa a una censura ya resuelta. “No hay necesidad siquiera de interpelarlo”, “hay que censurarlo”, declaraba, por ejemplo, la vocera alterna de FP Lourdes Alcorta la semana pasada, y más recientemente anunciaba en tono apocalíptico que “la censura es una medida drástica, pero hay argumentos. Gran parte [de la bancada] quiere censura”.

De forma similar, Luis Galarreta anticipaba que el ministro Basombrío “puede renunciar o ser censurado sin necesidad de una interpelación”. Y unos días después, cuando se hicieron públicas algunas cifras alentadoras en la lucha contra la delincuencia, el portavoz fujimorista manifestó: “Lo primero es saber cuáles son esos avances que menciona el ministro, que no los vemos, de luchar contra la criminalidad, la delincuencia, el crimen organizado”. Un intento por poner en entredicho los progresos del sector, en el que colaboró también Úrsula Letona al afirmar: “Es un ministro distraído. No está concentrado en lo que la población demanda [...] No veo prioridades claras con el ministro”.

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Pero más allá del tinte político de estas expresiones, lo cierto es que la información estadística es una de las mejores herramientas para identificar las prioridades de la población y evaluar si estas vienen siendo atendidas. Y en tal sentido, aunque un problema tan complejo como la inseguridad ciudadana (el principal del país, según el consenso de las encuestas nacionales) no se solucionará de la noche a la mañana y los efectos de varias de las medidas adoptadas por Basombrío se podrían percibir recién en algunos meses, las recientes cifras del INEI parecen indicar que la estrategia del ministerio va por buen camino.

Según la Encuesta Nacional de Empresas (realizada por el INEI y Produce entre noviembre del 2016 y enero del 2017), la victimización en el sector empresarial ha caído siete puntos porcentuales con respecto al año anterior (de 28,9% a 21,3%). Las extorsiones contra empresarios también disminuyeron (de 15% a 9,1%). Mientras tanto, según el INEI, el indicador de victimización ciudadana a nivel nacional pasó de 30,7% a 26,3% entre julio del 2016 y febrero de este año (acercándose así al objetivo de reducirlo a 24% para finales del 2018).

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Por otro lado, si bien es comprensible la preocupación por una manifestación de un grupo terrorista, resulta ciertamente desproporcionado responsabilizar al ministro por una marcha en la que los integrantes del Movadef que participaron estuvieron infiltrados y en la que la policía no resguardaba particularmente a los manifestantes (de la CGTP), sino que se encontraba presente para garantizar el orden y la seguridad del público en general, como es el protocolo en estos casos.

Con estos antecedentes, solo cabe desear, durante la sesión de interpelación, un cambio de actitud de quienes hoy la promueven con mucha vehemencia pero poco sustento.