Editorial: Pobres todos

Una de las críticas que desde esta página hemos dirigido en más de una ocasión al Gobierno ha sido su despreocupación por la reforma del sistema de justicia durante la mayor parte de su primer año en el poder. Y una de sus virtudes ha sido la seriedad y el sustento técnico que han impregnado a varias de sus políticas públicas, incluyendo a muchos de los decretos legislativos promulgados entre fines del año pasado y comienzos de este.

Por ello, generaba cierto entusiasmo constatar que el presidente Kuczynski hubiese decidido abordar, en su discurso por Fiestas Patrias, el cardinal asunto de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el organismo constitucional encargado de nombrar y ratificar a los jueces y fiscales del país. Una entidad venida a menos por los escándalos en los que se vieron envueltos algunos de sus integrantes (como el caso del ex consejero Quispe Pariona, acusado de acoso sexual y a quien se le escuchó en un audio confesar una colusión para favorecer a estudiantes mediante el otorgamiento de títulos universitarios), así como por sus controversiales decisiones de ratificar a magistrados de dudosa entraña.

Esa expectativa, sin embargo, se esfumó rápidamente al revisar el flácido sustento que acompaña al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo con bombos y platillos.

Son dos cambios constitucionales los que en esencia se proponen: reducir de siete a cinco los miembros del CNM y modificar las reglas para su elección. Así, un integrante sería designado por el propio Ejecutivo, otro por el Legislativo, otro por los vocales de la Corte Suprema del Poder Judicial, otro por la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público y el quinto por la decisión conjunta de los cuatro miembros anteriores. Quedarían de lado los cinco nombramientos que estaban a cargo de los colegios profesionales, colegios de abogados y rectores de universidades estatales y privadas.

Que el sistema actual de elección de los integrantes del CNM necesita ser modificado es una circunstancia fuera de discusión. Pero lo que aún se mantiene como enigma es por qué el Ejecutivo cree que la solución a los problemas del CNM pasaría por otorgarse a sí mismo y al Congreso la potestad de nombrar, virtualmente, a la mitad de sus integrantes, pues ninguna justificación de esta fórmula se halla en la exposición de motivos. Tampoco se señala nada sobre cómo atajar el riesgo de politización que tendría este organismo bajo el nuevo esquema, y el peligro que se produciría si un solo partido político pudiera controlar tanto el Ejecutivo como el Legislativo (y, por consiguiente, la mitad de los integrantes del organismo que designa a los jueces). Una tesitura nada extraña en la historia de nuestro país.

La nueva propuesta, además, dista mucho de aquella contemplada en el Plan de Gobierno de Peruanos por el Kambio en el 2016, la cual remitía a los trabajos de la Ceriajus y de la ONG Transparencia, ninguno de los cuales incorporaba un sistema de designaciones como el ahora esbozado. Ni siquiera el informe final de la Comisión Presidencial de Integridad convocada por el propio presidente Kuczynski –que sugería que la mitad de los miembros del CNM fueran seleccionados a través de un concurso público de méritos– ha sido tomado en cuenta.

La estrechez argumentativa se ve coronada con el análisis costo-beneficio del proyecto del Ejecutivo, que se limita a 10 líneas que incluyen la ya vacía expresión “no irroga gastos al Tesoro Público” y una elemental aritmética para sostener un ahorro por el solo hecho de que el número de miembros del CNM se reduciría de siete a cinco.

Puestos a hipotetizar sobre la razón de la pobreza del planteamiento del Ejecutivo, aquella se podría explicar o bien por la premura de mostrar alguna iniciativa en el contexto de la alocución presidencial del 28 de julio, o bien por el desinterés en la materia. Pobres excusas, en cualquier caso.