El partido Alianza para el Progreso (APP) ha enviado en estos días un oficio al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) firmado por su personero nacional alterno, Alejandro Rodríguez Gamboa. En el documento, la organización política liderada por el exgobernador regional de La Libertad César Acuña plantea dos preguntas. La primera es si los congresistas elegidos en enero de este año podrán postular nuevamente al Parlamento en los comicios del próximo año. Y la segunda es si los integrantes del Congreso anterior, cerrado en setiembre del año pasado por orden del presidente Martín Vizcarra, podrán a su turno hacer lo propio.
Las consultas llaman la atención, pues, como se recuerda, en el referéndum del 2018 se incluyó una pregunta expresa acerca de la reelección parlamentaria inmediata y la respuesta fue mayoritariamente negativa. Quedó, es cierto, una zona gris en lo que concernía a la manera de interpretar esa limitación a propósito del proceso que se avecinaba tras la disolución del Congreso elegido en el 2016. ¿Se debía entender, efectivamente, el año y siete meses en el que el mandato de los nuevos legisladores estaría vigente como un período cabal, o como parte del período que los legisladores disueltos habían dejado inconcluso?
Pues bien, ante una consulta directa (y no sin alguna controversia), el JNE se pronunció por lo segundo y, en esa medida, consideró legal que los representantes que acababan de ser removidos de sus curules fueran candidatos. El criterio que se impuso fue que, si no se estaba inaugurando un nuevo período parlamentario, mal podía hablarse de reelección inmediata y, en consecuencia, la prohibición aprobada en la consulta popular no se les aplicaba.
De hecho, 19 integrantes del Parlamento anterior intentaron en enero de este año alcanzar nuevamente un escaño y cuatro de ellos lo consiguieron.
Sea como fuere, las conclusiones que se derivan de las consideraciones antedichas son muy claras: si el período congresal 2016-2021 es entendido como uno solo, ni los integrantes de la representación nacional disuelta en el 2019 ni los de aquella que se eligió a principios de este año pueden postular en los próximos comicios, pues aquello sí sería una reelección inmediata.
Es improbable que este razonamiento se les escape a los voceros y personeros de APP y, sin embargo, esta no es la primera vez que preguntan lo obvio. En mayo pasado, el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, integrante de la bancada del partido en cuestión, le preguntó al titular del JNE, Víctor Ticona, si él y sus colegas parlamentarios podían postular a la reelección en el 2021. “Es una interrogante del actual Congreso, dado que [este] es un período complementario”, dijo. Y añadió que la consulta se justificaba “dado que hubo luz verde para que congresistas disueltos puedan postular al 2020”.
En su respuesta, Ticona aludió solo a los parlamentarios disueltos y evitó referirse a los elegidos para el período complementario para no adelantar opinión sobre un asunto que podía ser sometido a consideración de la institución que encabeza… Como de hecho ha ocurrido.
La solución a la duda formulada por Chehade, no obstante, era y es bastante evidente, por lo que esta insistencia de APP por tratar de abrir un margen de discusión a propósito de lo que ya ha sido sancionado por la ciudadanía llama a extrañeza.
En esta página hemos señalado reiteradamente nuestra posición contraria a la prohibición de la reelección congresal inmediata porque nos parece que atenta contra la deseable especialización de los políticos que quieran dedicarse a esa función; pero si ya es una regla establecida, nadie debería intentar “sacarle la vuelta” con argumentos trucados. Menos todavía, aquellos que han sido colocados en el Parlamento por los electores con esa disposición en mente.
¿Es ese el escenario que buscan crear las preguntas ociosas de APP? Con los datos actualmente existentes, afirmar tal cosa sería un tanto peregrino. Pero conviene siempre recordar lo que dice la sabiduría popular sobre el origen de todos los vicios.