Después de varios meses bajo control, la situación del COVID-19 en el Perú ha vuelto a la palestra. Tal y como informó este Diario ayer, el promedio de contagios diarios por el virus prácticamente se ha decuplicado desde abril. Sin embargo, hay que mencionar que, a diferencia de lo que ocurría en las dos primeras olas, en las que un alza en los contagios venía aparejada de un movimiento similar en los registros de las hospitalizaciones y los fallecidos, esta vez estos dos últimos indicadores permanecen bajos. Lo que es un indicativo de que las vacunas vienen cumpliendo el rol más importante para el que fueron diseñadas.
Si bien hay que mirarla con detenimiento, la situación parece bastante controlada y los expertos avizoran una cuarta ola sustancialmente menos agresiva que sus predecesoras. Lo anterior, por supuesto, quiere decir que desde el Ministerio de Salud (Minsa) se debe tomar el asunto con bastante responsabilidad. Y la responsabilidad, como sabemos, implica también que los mensajes que se emitan desde el Gobierno deben ser bastante cuidadosos para evitar dar pasos en falso.
La semana pasada, por ejemplo, el ministro de Salud, Jorge López Peña, anunció en conferencia de prensa lo siguiente: “La población ya sabe que estamos en una cuarta ola [del COVID-19]. Ya es obligado el uso de la mascarilla en cualquier ambiente, sea cerrado o abierto”. Sin embargo, solo dos días después, el jefe del Gabinete, Aníbal Torres, aseguraba que no se trataba de un imperativo, sino más bien de una sugerencia.
“No es cierto, como escucho a veces en algunos medios, que se ha restablecido la obligatoriedad de utilizar la mascarilla en lugares públicos; eso no es verdad”, afirmó, para luego añadir que “frente a este incremento [de los contagios], sí recomendamos a la población utilizar la mascarilla”. Empero, el último fin de semana, el ministro López le añadió otra vuelta de tuerca a este galimatías al comentar que “cuando haya conglomeraciones es el uso obligatorio de la mascarilla”. ¿En qué quedamos entonces? Por supuesto, nosotros como medios de comunicación estamos al tanto de estos mensajes cruzados entre voceros del Ejecutivo, pero los ciudadanos no necesariamente tienen por qué seguir el hilo y una buena parte de ellos bien podría haberse quedado con la primera parte de este, alentando la confusión.
Hace unos días, además, el titular del Minsa comentó que su sector ha planteado que se suspendan las fiestas en lugares cerrados y el funcionamiento de las discotecas, y que han decidido cancelar los desfiles del 28 y 29 de julio en todo el país. A pesar de que muchos quizá aplaudirían esta medida, la verdad es que retomar una prohibición que tenía sentido en los momentos más crudos de la pandemia, pero que en las circunstancias actuales sencillamente no se sostiene, podría terminar generando el efecto contrario en la ciudadanía; este es, el de menoscabar la autoridad del Minsa al optar por medidas draconianas sin antes apuntalar las otras patas de la mesa. Tampoco se entiende por qué se tendrían que prohibir festividades como las que suelen darse al aire libre por estas fechas patrias. En este sentido, más podría ser menos.
Más bien, el Gobierno debería centrar sus esfuerzos en espolear la campaña de vacunación que ha venido ralentizándose en lo que respecta a la aplicación de las dosis de refuerzo (la tercera y la cuarta). Según reveló la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio (ECData) el último domingo, el 90% de los vacunatorios de Lima y el Callao han sido cerrados debido a que los lugares en los que se levantaron (como colegios o instalaciones deportivas) ya han retomado sus actividades regulares. Y no parece haber una estrategia clara ni para abrir otros ni para llegar a los sectores que todavía se resisten al pinchazo.
A más de dos años de la llegada del coronavirus a nuestro país, se esperaría que nuestras autoridades ya conozcan lo suficiente como para que tomen decisiones basadas en evidencia científica, ponderándolas y priorizando la idoneidad por sobre la estridencia.