Editorial: Si no puedes convencer, confunde

“Nadine siempre ha colaborado con la justicia, cuando se le ha requerido, ha colaborado, y va a colaborar como siempre. Estamos con la consciencia limpia”. Estas fueron las palabras del presidente Ollanta Humala el domingo pasado en una entrevista televisada que el mandatario aprovechó además para señalar que todos los ingresos del Partido Nacionalista han sido debidamente sustentados. 

El mensaje del presidente –que coincidió con el día y la hora de transmisión de un programa televisivo que prometía revelar detalles comprometedores sobre el financiamiento de su partido– profundizó en una estrategia de defensa que la pareja presidencial ha adoptado de un tiempo a esta parte: la negación de hechos sin el esclarecimiento de los mismos. No es, pues, la primera vez que el gobernante –y su esposa– quiere pasar como explicaciones legítimas lo que son más que evasivas, retóricas de indignación, o simples contracciones.

Recordemos, si no, el desenvolvimiento de la primera dama frente a la comisión que investigaba las potenciales actividades ilícitas de Martín Belaunde Lossio. Más allá de declinar responder varias preguntas por considerarlas “impertinentes”, la señora Heredia ensayó lo que en editoriales pasados llamamos una indignación extemporánea al reaccionar con exaltación a una pregunta hecha por la comisión cuatro meses antes al empresario Rodrigo Arosemena.

La primera dama, además, ha ofrecido declaraciones contradictorias y ambiguas respecto a la propiedad de las polémicas agendas que se le atribuyen. Tras negar que se le haya extraviado cualquier documento, la señora Heredia habló de una supuesta ‘contaminación’ de las agendas, lo que implica que en algún momento estas no estaban ‘contaminadas’ y eran, se infiere, legítimas. Su negativa a pasar por un peritaje grafotécnico que determine la veracidad del contenido abona aun más a las suspicacias que las agendas despiertan.

Asimismo, contrario a lo que mencionó el presidente Humala en su entrevista el fin de semana, las finanzas de su partido están lejos de ser intachables. No nos referimos únicamente a las constantes denuncias de dinero irregular captado por el nacionalismo y la pareja presidencial –desde el que presuntamente nació de los vínculos de la primera dama con empresas como Apoyo Total y Soluciones Capilares hasta los US$400.000 que habrían sido donados por la constructora Odebrecht según versiones de dos aspirantes a colaboradores eficaces–. El Partido Nacionalista fue uno de los cuatro partidos políticos con representación en el Congreso que no cumplieron con presentar su Información Financiera Anual 2013 dentro del plazo de ley y que fueron objeto de un procedimiento sancionador por parte de la ONPE. En el 2010, la misma agrupación fue sancionada por no presentar información financiera.

Ante los flancos abiertos que la Comisión Belaunde Lossio, las agendas y el financiamiento partidario dejaron en la pareja presidencial, los señores Humala y Heredia han respondido, por un lado, con ataques contra quienes ellos interpretan son los artífices de una campaña en su contra y, por otro, con recursos judiciales para evitar investigaciones. En agosto pasado, por ejemplo, la primera dama salió al frente a acusar al Apra y al fujimorismo de tener vínculos con el narcotráfico. En tanto, el presidente Humala llamaba loco y mentiroso a un fiscal por investigar a su esposa, quien a través de la presentación de un hábeas corpus (cuya validez revisará el Tribunal Constitucional) logró el archivamiento de la nueva investigación fiscal que se le seguía –a ella y a su entorno– por presunto lavado de activos.

El hecho es que, en estos y otros casos, la pareja presidencial ha contribuido directamente a reforzar la especulación y los rumores de la que es objeto. Las negativas a dar explicaciones –que por cierto deberían resultar mucho más simples que las evasivas brindadas– y a colaborar con investigaciones pendientes son el caldo de cultivo de buena parte de los ataques que reciben. Y si bien, como a cualquier ciudadano, el legítimo derecho a la presunción de inocencia los asiste, también es cierto que posiciones políticas de tan alto perfil como las que ostentan demandan más explicaciones que las que el ciudadano corriente se ve en necesidad de brindar.