Editorial: Remedio atascado

El jueves 19 de octubre del 2017, el Congreso aprobó la ley que permite el uso medicinal del cannabis y sus derivados. Hoy, dos años, un mes y cuatro días después, la norma, que permanece atascada en la burocracia del Poder Ejecutivo, aún no puede ser aplicada.

En su momento, cuando la iniciativa legislativa que nos ocupa fue aprobada por el Parlamento, desde este Diario saludamos la decisión y lo que esta implicaba. En suma, que además de abrirle las puertas a un insumo que puede mejorar las vidas de muchísimos pacientes, nos demostró que el Perú sí puede emprender conversaciones científicas sobre materias espinosas, y que nuestros padres de la patria, cuando se lo proponen, pueden trabajar yendo más allá de los prejuicios y los costos políticos que estos pueden acarrear.

Pero así como el Congreso se granjeó el reconocimiento de la opinión pública asumiendo la aprobación de la ley, toca cuestionar la pasmosa lentitud con la que el Ejecutivo está conduciendo su eventual aplicación. Y es que si bien el Gobierno reglamentó esta norma el 23 de febrero de este año, han transcurrido cuatro meses desde que venció el plazo para que se aprueben las disposiciones finales.

La responsabilidad está en manos de tres ministerios diferentes. Para poder importar la medicina, el Ministerio del Interior debe aprobar el protocolo de seguridad, control y fiscalización pertinente. Para poder producir e industrializar la sustancia, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) debe definir una serie de parámetros, como los concernientes a la obtención de la semilla. Asimismo, el Ministerio de Salud debe crear registros de pacientes, importadores, instituciones de investigación y laboratorios que vayan a utilizar el cannabis. Todas tareas necesarias, como se ve, pero que en definitiva pudieron valerse de un poco de diligencia política para que se completen en el plazo adecuado.

Ante esta situación, la respuesta que ha dado el titular del Minagri, Jorge Montenegro, no resulta del todo alentadora. Cuando este Diario le preguntó cuándo creía que estarían aprobados los parámetros productivos del cannabis medicinal, respondió que, “Dios mediante”, podría darse en el primer trimestre del próximo año. Una aseveración que, además de poco precisa, lo demuestra poco convencido de que la meta que se plantea será siquiera alcanzada.

Mientras tanto, los más perjudicados siguen siendo los pacientes. El cannabis medicinal sirve para paliar una serie de graves dolencias –cáncer, Parkinson y epilepsia, entre otras– y quienes lo necesitan simplemente no van a esperar a que un Estado que camina con pies de plomo les permita obtenerlo de forma lícita: la realidad de su sufrimiento trasciende cualquier consideración burocrática. Así, una de las consecuencias más lamentables de la demora del Ejecutivo es que estas personas terminan valiéndose del mercado negro para conseguir lo que les urge. Con todos los riesgos que ello puede conllevar.

Además, a todo esto hay que añadirle una dimensión económica que no se puede mezquinar. Como comentó a este Diario una fuente que invierte en el sector, esta circunstancia le está generando pérdidas a quienes han apostado por el negocio del cannabis medicinal acatando todo lo que exige la ley, pues mantener la estructura exigida por el reglamento tiene un costo que no está resultando en ingresos. En esa misma línea, estos retrasos generan incertidumbre y dañan la predictibilidad que necesitan las compañías que eventualmente ofrecerán el producto.

Así las cosas, es momento de que el Ejecutivo ponga manos a la obra y acelere el paso. Los pacientes que vienen esperando más de dos años se lo agradecerán.