Editorial: El robo que encendió otra alarma

El jueves pasado, el procurador anticorrupción Joel Segura informó que, aparte de la sustracción de más de S/.1 millón a los programas sociales Juntos y Pensión 65 revelada por “Cuarto poder”, se han detectado otros 52 robos por un monto aproximado de S/.2,4 millones en las regiones de Cajamarca y La Libertad.

Como hemos comentado en anteriores editoriales, todos los hurtos son faltas graves, pero pocos causan tanta indignación como aquellos que se perpetran a costa de recursos destinados al alivio de la pobreza de las poblaciones más vulnerables. Ello, sin embargo, no es el problema más grave que enfrentan los programas sociales administrados por el gobierno. En el caso de Pensión 65, la filtración de beneficiarios (personas que no reúnen los requisitos para recibir pensión pero igual lo hacen) y la subcobertura (personas que reúnen los requisitos para recibir pensión pero no la perciben), además de los incentivos perversos que genera su implementación, deberían forzar un replanteamiento de uno de los programas bandera del gobierno.

De hecho, este replanteamiento bien podría empezar por el mismo nombre del programa. El término ‘pensión’ se refiere a una contribución a un sistema de seguridad social que luego es pagada en caso de jubilación, viudez u orfandad, como sucede con las AFP y la ONP. Pensión 65, en cambio, es un sistema de transferencias gubernamentales para aliviar la pobreza en un sector de la población que guarda más similitudes con Juntos que con mecanismos de seguridad social. No existe algo intrínsecamente negativo con las transferencias condicionadas a la población más vulnerable –siempre que estas estén bien diseñadas y vengan de la mano con políticas de mejora productiva–, pero sería más honesto llamar al pan, pan, y a los subsidios, subsidios.

Respecto a la filtración y subcobertura que presenta el programa administrado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), los indicadores son motivo de preocupación. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), en el 2013, solo el 10% de beneficiarios del programa se hallaba en condiciones de extrema pobreza –es decir, eran legítimos receptores de las transferencias–, mientras que el 46% venía de hogares pobres y el 44% de hogares no pobres. Por otro lado, entre todos los mayores de 65 años en pobreza extrema, al 2013 el programa cubría tan solo al 27%. Si bien es importante mencionar que las cifras citadas fueron construidas usando una metodología distinta de la que aplica el Midis (la data disponible es del INEI y esta institución usa un concepto de pobreza diferente), resulta evidente que existen problemas con la identificación de los usuarios y que la administración del programa tiene mucho espacio para mejorar.

El problema de fondo con Pensión 65, no obstante, va más allá de la filtración y subcobertura. Al establecer una transferencia condicionada a no recibir pensiones de ningún otro sistema previsional –AFP ni ONP–, el programa reduce los incentivos para ahorrar pensando en el retiro. Después de todo, ¿para qué guardar dinero si los ingresos que regala el Estado dependen de que no lo haga? Y la dimensión de los desincentivos no es pequeña. Pensión 65 alcanza a casi medio millón de personas, cifra que representa aproximadamente el 40% de quienes reciben pensiones en el Perú, y su presupuesto ha subido de S/.13 millones en el 2011 a S/.755 millones en el 2015. 

Una opción viable para replantear el esquema de Pensión 65 consiste en establecer una suerte de contribución proporcional del Estado al ahorro de los más pobres. Por ejemplo, por cada sol ahorrado por los individuos en una cuenta personal de retiro, el Estado podría agregar S/.0,50. El monto del subsidio sería mayor conforme más pobre sea el hogar de la persona. El mecanismo no solo tiene la ventaja de incentivar el ahorro, sino que debería evitar la participación de las municipalidades en la identificación de los potenciales beneficiarios. Esta situación hoy contribuye a la creación de problemas técnicos y de conflictos de interés que terminan por generar los altos índices de filtración y subcobertura del programa.

Frente a este panorama, los mecanismos de control y fiscalización que fallaron en los robos de Cajamarca parecen ser solo un problema más –y quizá no el de mayor importancia– en la lista de limitaciones que enfrenta Pensión 65.