Editorial: La tala normativa

El Perú es uno de los países en los que es más difícil hacer empresa. De hecho, es más complicado hacer negocios aquí (puesto 16) que en Venezuela (puesto 18), según un reciente estudio de TMF Group.

Esta complicación agrega costos no siempre visibles a las actividades económicas. Ello retrasa la inversión y crea obstáculos para la velocidad en el crecimiento de los negocios y, por tanto, de los mercados. No es un asunto nuevo, pero es uno que, si se mejora, significaría un beneficio inmediato sobre la inversión, el crecimiento y el empleo.

En este sentido, el contralor general de la República, Fuad Khoury, ha propuesto una “tala normativa” que permita la revisión y derogación de normas que perdieron vigencia o que surgieron en situaciones que ya cambiaron drásticamente. Se trata de un diagnóstico y una propuesta que deberían debatir los candidatos a la presidencia y la opinión pública en general.

Según el contralor, la maraña de leyes no solo afecta la inversión y la productividad de las empresas, sino que es la principal causante de los altos niveles de corrupción. De hecho, en el Ránking de Competitividad Global 2015-2016, elaborado por el Foro Económico Mundial, en el indicador Sobrecarga Regulatoria, el Perú se encuentra en el puesto 133 de un total de 140 países. Por otro lado, en el ránking de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, nos hallamos en el puesto 88 de 168 países.

Muchas veces las normas de regulación se establecen para certificar un tipo de actividad, sea de gestión pública o privada. El punto de partida suele ser la presunción de culpabilidad en cualquier tipo de gestión. De ahí que los reguladores provean la mayor cantidad posible de procedimientos, formularios y requisitos.

El aparato público carece de los recursos para supervisar el cumplimiento de todos los requisitos y procedimientos que establece. Ello, por consiguiente, favorece la creación de zonas oscuras en la tramitación y alienta la corrupción.

¿Cómo realizar la tala normativa y con qué herramientas vigilar la irracionalidad de muchas regulaciones? Sin duda, es un punto que merece discusión y, durante la campaña, los candidatos deberían marcar la pauta. 

En su Plan Nacional de Diversificación Productiva, el Ministerio de la Producción planteó en el 2014 desarrollar una agenda de simplificación administrativa. Sin embargo, hasta el momento, no hay resultados importantes al respecto. La tarea de desburocratización ha caído víctima, justamente, del vicio que busca combatir. 

La lentitud en los avances de simplificación, lejos de desalentar a quienes apoyen esta reforma, debería demostrar claramente la necesidad de plantear la prioridad política de esta agenda. Y si el gobierno actual no le pone el empeño necesario, la responsabilidad recae en aquellos que buscan hacerse del poder el próximo 28 de julio.

No sería correcto decir que no existen esfuerzos. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), por ejemplo, a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, consiguió, a comienzos de este mes, que los municipios de Lima y Callao levanten 302 sobrecargas regulatorias que dificultaban la instalación de antenas de telecomunicaciones. Y si bien este tipo de acciones denota voluntad de cambio, se requiere un esfuerzo mucho mayor para lidiar con un problema de raíces tan profundas.

En el estudio “Mejora regulatoria y simplificación de procedimientos administrativos que afectan la inversión”, la contraloría plantea incorporar un análisis de impacto regulatorio como metodología obligatoria en el diseño de la nueva regulación. Este tipo de análisis, empero, puede terminar como un mero formalismo, como sucede con la obligación de realizar un análisis costo-beneficio en todos los proyectos de ley. ¿Qué sucederá si no se cumple con el análisis de impacto regulatorio? ¿A quién rendirán cuenta los reguladores si el análisis es defectuoso? ¿Mantendrán vigencia las regulaciones cuyo impacto resulta negativo? Una buena propuesta sin un plan de ejecución lleva congénito el virus del ensanchamiento burocrático. 

Las medidas para reducir los obstáculos burocráticos pueden y deben ser discutidas. Es fundamental lograr la agilización de la tramitología y la reducción de la burocracia para conseguir que hacer negocios en nuestro país esté exento de la sobrecarga de complicaciones que hoy exhibe. Esta es una lucha que va más allá de la búsqueda de eficiencia, para ser una cuestión de justicia.