Editorial: Temas de segundo orden

El Gobierno del presidente Martín Vizcarra, se sabe, no es propenso a cultivar relaciones armónicas con el Legislativo, ni con este ni con el que disolvió. A pesar de la importancia del trabajo conjunto entre poderes del Estado durante épocas de crisis, las confrontaciones han marcado la agenda.

Pero el Congreso no es la única instancia estatal con la que se han tensado las relaciones recientemente. Este Diario publicó una entrevista esta semana con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, en la que el burgomaestre daba cuenta de las dificultades que tiene para apoyarse en el Ejecutivo. “Sinceramente lo que veo y siento es que no hay una escucha del otro lado de la mesa”, mencionó. Pidió entonces un recambio en el Gabinete porque habría ministros “que tienen fatiga y [otros] que no tienen la agilidad necesaria”.

Los problemas que se apilan a nivel municipal no son menores. Esta semana, por ejemplo, las empresas operadoras del Metropolitano acordaron suspender el tránsito de buses a partir del 15 de julio. El motivo es la falta de pago por el servicio en un contexto en el que la demanda bajó significativamente y en que se deben adecuar protocolos sanitarios en el transporte. Juan Salinas, abogado de los concesionarios del Metropolitano, indicó que se trata de “un problema de sostenibilidad financiera. Ya la situación a nivel de las empresas no da para más”.

La respuesta del Ejecutivo al respecto ha sido continuar dándole largas al asunto. Tras casi cuatro meses desde que se inició la cuarentena y ante un impasse perfectamente previsible, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) están recién evaluando –ya contra el reloj– alternativas de solución en función a lo presentado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

No es solo el Metropolitano. El alcalde también ha transmitido la poca voluntad del Ejecutivo en general para encontrar espacios de trabajo conjunto. Desde el enfoque territorial necesario para combatir el virus de forma focalizada hasta el cierre de las transferencias –y recursos– a la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el Gobierno no ha dado muestras de predisposición para apoyar activamente en el manejo de la ciudad.

La gestión del alcalde Muñoz, por supuesto, tampoco está libre de críticas. En su administración, por ejemplo, los avances en temas clave como el tránsito urbano han sido exiguos. Y, durante la pandemia, comparte responsabilidad en el crecimiento de los contagios a partir de los focos infecciosos en que se convirtieron los mercados. Eso no quita, sin embargo, que la única manera de solucionar los enormes desafíos urbanos generados aparte de la crisis sea con un trabajo fluido entre las autoridades nacionales y las subnacionales.

Como consecuencia de una descentralización mal implementada, municipios y regiones aún son dependientes de las acciones u omisiones del Ejecutivo. De este modo, los servicios públicos de las ciudades –donde viven cuatro de cada cinco peruanos– no son una responsabilidad de la que el Gobierno se pueda desentender fácilmente. Si la administración del presidente Vizcarra está muy atareada con asuntos nacionales como para atender también urgencias locales, lo estará aún más cuando lo que depende de municipios y regiones deje de operar en plena pandemia.