Temeridad colectiva

El lunes 24 de abril las dos rutas del corredor amarillo, que transitan desde San Martín de Porres hasta Lurín y Surco, respectivamente, paralizaron sus operaciones. El motivo detrás de esta medida es el mismo que explica, en gran parte, los problemas que vienen arrastrando otros dos corredores –el morado y el azul– para poder sostener su modelo de negocio. Este es, la caída en los ingresos que necesitan para seguir operando debido a la pandemia del COVID-19 y, principalmente, a los taxis colectivos que pululan por vías que deberían ser exclusivas para sus buses, pero que han sido tomadas por la informalidad ante la inacción de las autoridades.

Como en todo lo que respecta a la reforma del transporte público en nuestro país la mayoría de las autoridades parece ir siempre en reversa, a quienes deberían trabajar por erradicar este servicio (peligroso, desbocado y con vínculos con la criminalidad) de las arterias de la capital ahora no se les ha ocurrido mejor idea que formalizarlo. Así como se lee.

El viernes, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que habían comenzado –de la mano de la policía– a empadronar a los taxis colectivos que transitan por la avenida Arequipa, una vía que, como sabemos, debería ser exclusiva para los buses del corredor azul. Increíblemente, la explicación del burgomaestre era que lo hacía como respuesta a las turbulencias financieras que viene atravesando el corredor amarillo y que pronto podrían forzar también al azul a suspender sus operaciones. En otras palabras, no se le ha ocurrido mejor idea que premiar a quienes son, en última instancia, los causantes de los problemas que tienen estos corredores.

El Congreso, como no podía ser de otra forma, no se ha quedado rezagado. El 5 de mayo el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) presentó un proyecto de ley para extender lo que ya era un sinsentido desde el principio –que los taxis colectivos puedan operar en todo el país, con excepción de Lima y el Callao– ahora también a la capital. La iniciativa legal es temeraria no solo porque busca formalizar un servicio que ha demostrado ser peligroso en múltiples ocasiones, sino porque además habilitaría a las unidades de clasificación vehicular M1 y M2 –como sedanes, station wagon o minivanes– a brindar este servicio cuando se ha recordado hasta el cansancio que no brindan las medidas de seguridad necesarias en casos de choque u otros accidentes, lo que ha motivado que en otros países no se recomiende su uso para el transporte de pasajeros.

Pero los problemas con los taxis colectivos no se agotan allí. Tres de estos –que podrían movilizar a unos 12 pasajeros– ocupan el mismo espacio que un bus del corredor azul, que puede llevar a 60 personas. Por lo que, si lo que se busca es aligerar el tráfico en la capital trasladando a la mayor cantidad de usuarios posible, lo lógico sería que las autoridades apoyasen a quienes ofrezcan buses que, además, trabajen siguiendo rutas articuladas y con paraderos delimitados, en lugar de apostar por unidades más pequeñas que recogen y bajan pasajeros en prácticamente cualquier parte y que compiten entre ellos mismos por los usuarios.

Por otro lado, como la campaña NoTePases de este Diario –que se reactivará en los próximos días– demostró hace dos años, existen mafias de extorsión y cobro de cupos que trabajan con varios taxis colectivos en avenidas donde estos tienen gran demanda como, justamente, la Arequipa. Además, grupos de conductores de este servicio suelen financiar a una red de abogados especializada en explotar los resquicios legales para recusar papeletas hasta que estas prescriban. Sin olvidar que muchos más transitan sin SOAT, sin licencia, con un racimo de multas a cuestas, con vehículos que no han pasado las inspecciones correspondientes, a altas velocidades, y que, en los últimos años, los episodios de varios de ellos agrediendo a inspectores de tránsito en distintos puntos de la ciudad han sido moneda corriente.

Formalizar a los taxis colectivos es, en ese sentido, formalizar un servicio ilegal (como sería formalizar a los raqueteros). Y, con ello, las autoridades no hacen otra cosa que apoyar la temeridad en las pistas de la capital.