Editorial: Tía María congelada

Ayer el Consejo de Minería –un tribunal administrativo adscrito al Ministerio de Energía y Minas– decidió por unanimidad suspender la licencia de construcción del proyecto minero Tía María. Según el documento, esta medida se da en el marco del trámite de los recursos de revisión presentados por el gobernador regional de Arequipa Elmer Cáceres Llica y algunos grupos ciudadanos, con el fin de que el permiso quede suspendido hasta que el ente emita una decisión final al respecto.

De acuerdo con lo declarado por el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, el Ejecutivo (entiéndase él y el presidente Martín Vizcarra) no tuvo ningún tipo de injerencia en la medida, y fue una decisión autónoma adoptada “de oficio” por el citado consejo. Cabe recordar, sin embargo, que el presidente ya había declarado en días anteriores que el proyecto no procedía sin la aprobación de la población, y que el gobernador Cáceres Llica había exigido que el mandatario anule la licencia concedida. Por ello, más allá de que formalmente haya sido el Consejo de Minería el que ha decretado la suspensión, es innegable que en el contexto descrito dicha decisión genera más problemas de los que ha tratado de resolver.

En primer lugar, pone en vilo una vez más una inversión de US$1.400 millones, cuya licencia de construcción fue obtenida tras haber cumplido con los requisitos que la ley exige. El mensaje que da a los inversionistas es que el Estado no tiene la capacidad de garantizar el respeto del marco legal existente y que no existe un ecosistema para el desarrollo de las inversiones. Esto último, ante un panorama económico poco prometedor –en gran parte gracias al estancamiento de grandes inversiones como Tía María–, resulta especialmente desalentador.

Por otro lado, esta decisión, al darse en el marco de un paro marcado por la toma de carreteras y protestas –que se han asemejado más a un ejercicio de vandalismo que a uno de expresión ciudadana– termina por legitimar acciones penadas por el Estado de derecho como herramientas apropiadas para la acción ciudadana. De hecho, según el Consejo de Minería, son justamente las protestas y el riesgo social los que fundamentan la decisión, ya que la construcción del proyecto podría ocasionar “que la población reaccione en forma violenta, como ya está sucediendo en todo el departamento de Arequipa”. Es decir, el precedente que se instala es que ante escenarios de movilizaciones sociales, el Estado retrocede y espera en vez de retomar el orden, actitud que podría envalentonar en el futuro a otros grupos opuestos a proyectos similares.

Asimismo, el hecho de que la suspensión sea por un plazo de 120 días lo único que hace es postergar un desenlace que igual se va a presentar. En cuatro meses el consejo confirmará o denegará la licencia. Si la medida tomada ayer logra apaciguar las manifestaciones que se presentan en Arequipa, es prácticamente un hecho que estas volverán, incluso con más fuerza, si la licencia finalmente procede.

En suma, esta situación termina por coronar un desempeño harto mediocre del gobierno en lo que respecta a garantizar la ejecución de Tía María y el orden en la región Arequipa. La suspensión del proyecto minero debe entenderse como un retroceso para el país, ya que no hace más que avalar la eficacia de la violencia como herramienta de protesta, y desacreditar los procesos en los que se involucran las empresas formales para poder operar.