Editorial El Comercio

A la nueva presidenta del Consejo de Ministros, , sencillamente no se le puede creer lo que afirma. Como se sabe, a los problemas que rodean su designación puestos de relieve ayer –la censura congresal de la que fue objeto cuando era ministra de Trabajo, su pasado por narcotráfico y lavado de activos, y la decisión de nombrar asesor de la PCM al repudiado – hay que sumarle que le ha abierto la fiscalía por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado. Y es precisamente respecto de esa circunstancia que en los últimos días se le ha detectado una flagrante falsedad.

Cuando fue confrontada por la prensa sobre su divulgada cercanía con (tres de cuyos miembros encontraron colocación en el Estado bajo su auspicio, dando pie a la ya mencionada pesquisa), ella negó el hecho. Y, sin embargo, apareció luego , al poner en evidencia su estrecha relación con Abel Sotelo en particular.

Lejos de intentar explicar por qué había dado una respuesta tan reñida con la verdad, la jefa del Gabinete ha lanzado este fin de semana que ni los más ingenuos observadores políticos estarían dispuestos a creerle. “No tenemos intención de [presentar] una segunda cuestión de confianza para cerrar el Parlamento”, declaró ella durante una entrevista en el canal del Estado. Y basta revisar el acta del Consejo de Ministros del pasado jueves 24 para llegar a la conclusión de que las intenciones del Gobierno son justamente las que ella niega.

, en efecto, se sostiene que la contestación que la Mesa Directiva del Congreso dio al planteamiento de cuestión de confianza que el ahora ex primer ministro Aníbal Torres ensayó el 17 de noviembre “constituye a todas luces una negación de la cuestión de confianza”. Una interpretación de lo sucedido que pretende ignorar lo que la legislación vigente, a través de la Ley 31355, establece al respecto. A saber, que el eventual rehusamiento de una cuestión de confianza tiene que ser votado por el pleno del Legislativo y notificado expresamente por este poder al Ejecutivo.

Mención aparte merece el expresidente del Tribunal Constitucional y actual ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, quien parece haber suspendido sus conocimientos en materia jurídica al haber sostenido durante el aludido cónclave que “al no estar dotada de justificación [la respuesta de la Mesa Directiva], debe ser reputada como arbitraria y, por lo tanto, como una forma de denegatoria de la confianza”.

De cualquier forma, el razonamiento al que toda esta situación invita es elemental: ¿para qué buscarían el presidente y sus secuaces forzar una lectura de la respuesta de la Mesa Directiva a todas luces descabellada si no fuese para fabricar el trance ya descrito? Si a eso le añadimos las insinuaciones sobre las posibilidades de que el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, eche mano de ese mismo recurso en el contexto de sus diferencias con el Parlamento por la aprobación del presupuesto del 2023, el cuadro adquiere ribetes realmente inquietantes.

Mientras tanto, los voceros del Gobierno hablan de diálogo y de tender puentes con el Legislativo sin conseguir convencer a nadie. Las señas de corrupción que incesantemente brotan en el entorno de sus rostros más identificables han puesto a la actual administración al borde de un Rubicón que, por lo visto, está determinada a cruzar. Tal actitud, por supuesto, terminaría de deslegitimar el discurso de victimización que el presidente Castillo ha modulado frente a la población y ciertas instancias internacionales, pero ese es un costo que ya parece tener asumido.

Lo que toca, en consecuencia, es permanecer alertas para poder reaccionar sin demora en todos los frentes –el parlamentario, el constitucional y el de la opinión pública– no bien el Ejecutivo esboce el zarpazo que, aunque sus voceros lo nieguen, tratará de asestar en el futuro inmediato.

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