Una historia nada alegre

El candidato a la alcaldía de Lima por Juntos por el Perú (JP), Gonzalo Alegría Varona, está por estos días en el centro de una controversia legal y policial con ribetes de escándalo.

A poco más de una semana de que se celebre la elección en las que competirá, Nativa TV ha publicado una denuncia que presentó contra él un hijo suyo en marzo del año pasado en la comisaría de Orrantia, San Isidro. La denuncia –cuyos detalles son por demás estremecedores– fue por violencia física, psicológica y sexual, y aunque Alegría ha tratado de negar su existencia, el documento ha salido ya a la luz pública. Según ha trascendido, además, esta no es la primera vez que Alegría es denunciado por agresión. En el 2018, dos empleadas del hogar hicieron lo propio en una comisaría de San Borja.

Confrontado recientemente con esta información en Willax TV, el candidato a la municipalidad metropolitana perdió los estribos y ofendió a la colega que lo entrevistaba, para luego cortar el diálogo. Y es importante hacer notar también que, frente a lo ocurrido, JP ha tratado de desentenderse del problema alegando, en un comunicado emitido por el Comité Nacional de Ética y Disciplina del partido, que Alegría se inscribió como militante de la organización solo porque ello era un requisito para postular al mencionado cargo (“el señor Alegría se limita a desarrollar su campaña específicamente electoral”, sostiene la vergonzosa publicación)… Como si eso los librara de responsabilidad.

La verdad es que cuando un partido presenta a un candidato a determinado cargo de elección popular es evidente que lo está avalando. ¿Por qué otra razón, si no, habría de permitirle participar en una contienda representándolo? Es cierto que algunas figuras visibles de la organización a la que aludimos, como la congresista Ruth Luque, han expresado su preocupación al respecto, pero han sido solo voces aisladas y no un pronunciamiento oficial. Ningún silencio, sin embargo, es tan ignominioso como el que ha guardado hasta el momento el actual ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, presidente de JP.

A estas alturas, es sencillamente una afrenta a la ciudadanía que el candidato Alegría continúe en carrera. Y esa es una responsabilidad que le corresponde también asumir al partido que lo postuló y que debía haber hecho la tarea de escudriñar en su pasado antes de avalarlo frente a los votantes.

Aunque lamentable, hay que decir que la situación que este episodio presenta no es nueva. Los candidatos con antecedentes son un clásico de nuestros procesos electorales de toda naturaleza, como lo son también los golpes de pecho de los partidos que los postularon y de los ciudadanos que votaron por ellos. Golpes de pecho que se producen cuando, una vez elegidos, los individuos en cuestión comienzan a mostrar los comportamientos que habrían podido temerse de su parte. Las sucesivas reformas ofrecidas o ensayadas para enmendar este problema han sido insuficientes o han sido solo palabras que luego se llevó el viento. Y lo mismo cabe decir de las cíclicas promesas de los partidos de ajustar sus filtros “para la próxima”.

Un informe de EC Data publicado por este Diario en agosto, reveló que, en los comicios municipales y regionales de este 2 de octubre, existían un total de 1.403 candidatos con antecedentes, 627 que consignaban una sentencia penal, 972 que consignaban una sentencia civil y 196 que consignaban ambas. ¿Puede alguien sorprenderse, entonces, de que de pronto se susciten episodios como el que motiva este comentario?

Ciertamente, no. Y, sin embargo, todo parece indicar que, en unos años más, avanzaremos hacia otro proceso –nacional, regional o municipal– amenazados por esta severa falencia de nuestro sistema electoral. Estamos, pues, ante un problema de nunca acabar.

De nada sirve indignarse en cada oportunidad en la que volvemos a constatar que la información sobre los antecedentes penales o policiales de quienes aspiran a representarnos es fundamental, si esa indignación no se transforma en un reclamo definitivo ante las autoridades que corresponda para que de una vez por todas los ciudadanos obtengamos la transparencia que demandamos antes de acudir a las urnas.