Engrosando las planillas

La razón principal por la que un grupo de legisladores asegura que está a favor de un séptimo retiro de los fondos de las AFP hasta por cuatro UIT es el rendimiento económico de nuestra economía en el último año, que fue bastante menor del esperado. No obstante, parece que para los legisladores la recesión es un problema acuciante que toca a todos los peruanos… menos a ellos. Ya a lo largo del 2023 vimos con pasmo cómo el Parlamento se premiaba a sí mismo con un bono detrás de otro, indiferentes a la indignación que esto desataba entre la ciudadanía. Pero ahora, además, gracias a un informe de la Unidad de Periodismo de Datos de este Diario (ECData), hemos conocido que es también una de las instituciones con los sueldos más altos de todo el sector público y una de las que más han visto engrosar sus planillas en los últimos cinco años. En promedio, un trabajador del Congreso percibe actualmente S/11.690 al mes; o, dicho de otra manera, casi 12 veces el sueldo mínimo. Así como se lee.

Días atrás, ya el Consejo Privado de la Competitividad (CPP) había advertido en un informe publicado en estas páginas que entre el 2019 y el 2023 el presupuesto en planillas del Estado se elevó en un 38%. Lo que hace que, en nuestro país, como se explica en el informe que publicamos en nuestra edición de hoy, un empleado público reciba en promedio más de S/48 mil anuales, en comparación con un trabajador del sector privado, cuyo sueldo al año asciende a casi S/37 mil. Hablamos, en términos gruesos, de una diferencia de casi S/10 mil.

Como sabemos, el sector privado fue particularmente castigado durante la pandemia del COVID-19. Muchas empresas quebraron, otras se vieron forzadas a despedir trabajadores o a reducir los sueldos que pagaban, y otras tantas se endeudaron para poder cumplir sus obligaciones. Como consecuencia de lo anterior, muchos trabajadores del sector privado todavía no han recuperado el ingreso que percibían antes de la pandemia y muchas empresas continúan trabajando con un personal bastante más reducido que antes del coronavirus. La situación en el sector público, sin embargo, es menos dramática.

Solo entre el año pasado y este, por ejemplo, el presupuesto inicial o de apertura (PIA) para el rubro “personal y obligaciones sociales” –es decir, sueldos– creció en casi S/10 mil millones, según datos del CPP. Ello, pese al discurso del gobierno de la presidenta Dina Boluarte de que hace falta ajustarse los cinturones. Recordemos que el mes pasado el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, anunció que iba a plantear “una norma referida a la austeridad en el sector público” y que, hace poco más de dos semanas, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, informó en conferencia de prensa que el Ejecutivo había aprobado medidas relacionadas con “la limitación del uso de recursos públicos para gastos no críticos” tales como “consultorías, viajes, adquisiciones de vehículos, entre otros”.

De poco servirán estas medidas, sin embargo, si desde otros sectores continúan engrosando las planillas. Según ECData, de 30 sectores del Gobierno analizados (entre ministerios, Poder Legislativo, entes judiciales y organismos autónomos) en 26 el gasto en sueldos creció entre el 2019 y el 2023. Los desembolsos más altos pertenecen a la cancillería, el Congreso, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia. Pero cabe hacer una precisión importante aquí. Mientras que en Torre Tagle, por ejemplo, hablamos de funcionarios de carrera que son formados en una escuela diplomática y que cumplen funciones especializadas que podrían justificar salarios altos, en el caso de otras instituciones los criterios para definir los aumentos suelen tener poco que ver con razones técnicas y más con decisiones políticas o presiones sindicales. Ese es el caso, por ejemplo, del Congreso.

Quizá los malos desempeños económicos del año pasado y los anuncios de austeridad del Gobierno configuren un buen momento para evaluar los sueldos que se pagan en el sector público y ver si estos están justificados.