El parteaguas de Sheyla

El terrible caso de Sheyla Cóndor, asesinada y descuartizada por el suboficial PNP Darwin Condori, encapsula mucho de lo que está podrido en la Policía Nacional y en el sistema de combate al feminicidio.

En primer lugar, es una afrenta intentar pasar por agua tibia el hecho de que el asesino era nada menos que un integrante de las fuerzas del orden que existen, precisamente, para proteger a la población. Es un fuerte golpe moral que no debería obviarse y, más bien, debe ser usado para reforzar los criterios de selección y controles psicológicos entre el cuerpo policial.

En segundo lugar, el sistema de denuncias funcionó exactamente como no debía hacerlo, y como se ha advertido decenas de veces que no debe más operar. Cuando la familia de la víctima fue a reportar la desaparición de Sheyla a la comisaría de Santa Anita, la denuncia fue desestimada. Los efectivos le dijeron a la madre que probablemente estaba con un chico. Incluso, cuando la familia presentó evidencia del paradero y la identificación del presunto agresor, obtenida de las conversaciones con Sheyla, la policía se negó a tomar el caso. Tuvieron que transcurrir tres días desde la desaparición para que el sistema de la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas cree la nota de alerta. Para entonces, por supuesto, ya era demasiado tarde. Esas primeras horas críticas –se ha repetido en incontables ocasiones– pudieron ser la diferencia entre la vida y la muerte.

En tercer lugar, Condori había sido acusado ya de participar en una violación sexual grupal. A pesar de ello, él y los otros dos policías involucrados se mantuvieron como parte de la PNP (la sanción efectiva fue de 15 días de detención preliminar y seis meses de suspensión). La violación habría tomado lugar, de hecho, en el mismo lugar en que Sheyla fue asesinada. Los otros dos acusados siguen en actividad y la fiscalía habría apuntado a que el caso puede archivarse a pesar de la evidencia. El nivel de negligencia institucional es pasmoso.

Por donde se le mire, todo este entramado resulta inaceptable. El caso de Sheyla es tan terrible, y las fallas institucionales, tan evidentes que debería servir como un parteaguas en la manera en que la PNP previene y atiende las denuncias de esta naturaleza, con responsabilidad desde el propio ministro. Empezar por que los casos no provengan de su misma institución es el primer paso evidente.