Peligroso escenario

Que la amiga de un ministro obtenga contratos con el Estado tras visitar su despacho es una situación que reclamaría ser investigada aquí y en cualquier parte del mundo. Y, a pesar de que eso es exactamente lo que sucedió meses atrás con la señora Yazire Pinedo Vásquez, al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola (precisamente el miembro del Gabinete involucrado en la trama), las demandas del periodismo sobre el particular se le antojan excesivas.

De acuerdo con un reportaje del programa periodístico “Panorama” divulgado este domingo, la señora Pinedo Vásquez se reunió, en efecto, con Otárola cuando era titular de Defensa, en diciembre del año pasado; y luego el 2 de febrero y el 3 de mayo de este año, cuando ya ocupaba el cargo que hoy ostenta. Poco después, logró dos órdenes de servicio del Ministerio de Defensa, por S/18.000 y S/35.000, respectivamente, y recibió una oferta de trabajo de la PCM, así como una solicitud de cotización de sueldo.

La prensa, como es obvio, demandó inmediatamente datos precisos al respecto a las entidades correspondientes… y la reacción del jefe del Gabinete no se hizo esperar. Según declaró él, estaríamos entrando a un “peligroso escenario en el que se pide información hasta por la marca de lápiz que utilizamos [los ministros] en nuestros escritorios”. La observación, sin duda, quería ser ingeniosa, pero la verdad es que solo resultó un botón de muestra de la incomodidad que le producen al jefe del Gabinete los reflectores de los medios cuando están enfocados sobre la gestión pública.

Anunció de paso que los medios recibirían los datos que exigen, como si de una concesión se tratara, cuando lo cierto es que eso es justamente lo que tiene que suceder en cumplimiento de lo que dispone la ley de transparencia y acceso a la información pública vigente. No por gusto el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) emitió hace dos días una alerta sobre sus declaraciones y para recordarle que la referida ley “permite ejercer el derecho ciudadano a conocer cómo se maneja el Estado”.

Como argumento de justificación de la crispación que le provoca la disposición inquisitiva de la prensa, Otárola ha afirmado que “no existe ningún acto de corrupción” en esta administración y que él y sus ministros no componen nada que se parezca al “infausto gobierno del señor Castillo” (un gobierno del que, dicho sea de paso, la presidenta Dina Boluarte fue vicepresidenta, ministra y partícipe entusiasta). Pero eso es como sentenciar: “No existe corrupción, porque yo digo que no existe corrupción”. Si el primer ministro está convencido de que eso es así, en buena hora. Pero ahora falta que nos convenzamos todos los demás…

Su alergia a los afanes fiscalizadores del periodismo, por otra parte, no es nueva. Todos recordamos que, en julio pasado, el titular de la PCM amenazó a este Diario, a través de su cuenta de Twitter, con llevar ante el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa la atención que le prestamos en estas páginas al caso de los pagos acelerados a la empresa Aiona, en el que él se encontraba –y se encuentra todavía– comprendido. De acuerdo con información recogida por la Unidad de Investigación de El Comercio, cuando ya ejercía el encumbrado puesto que hoy ocupa, él habría estado al tanto de un pago de S/41 millones a la referida firma por la compra de un lote de pruebas rápidas inadecuadas para diagnosticar el COVID-19.

Hubiera sido deseable, desde luego, que entonces como ahora, en vez de reaccionar ásperamente, hubiese ofrecido aclaraciones convincentes sobre lo sucedido, pero por lo visto esa opción no ocupa un lugar preeminente entre sus prioridades; por eso esperamos pronto escuchar sus explicaciones. La preferencia por la penumbra y la aversión a la transparencia en la gestión pública, en realidad, han dado ya muestras más que suficientes de predominar en su ánimo. Y ese sí que constituye un escenario peligroso.