En el futuro, cuando se estudien los efectos de la pandemia del COVID-19 en el Perú, la escandalosa cifra de fallecimientos relacionados con la enfermedad aparecerá como una mancha indeleble en la historia nacional. Con un número de muertes que, hasta ahora, alcanza los 180.764 (establecido ayer por el Ejecutivo), posiblemente el país cerrará este episodio con la mayor cantidad de defunciones con respecto al tamaño de su población del mundo.
Este desastroso resultado es atribuible parcialmente a las malas decisiones de la gestión de Vizcarra durante el año pasado. De acuerdo con una investigación publicada por Grade, “la brecha en defunciones se debe –en buena parte– a errores críticos de las políticas de salud pública del Gobierno Peruano, que socavaron la efectividad de la cuarentena”, tales como el uso de pruebas serológicas o la ausencia de programas de rastreo de contactos. Sin embargo, al margen de las gruesas equivocaciones, es también claro que las condiciones estructurales del sistema de salud eran precarias.
Estos son, pues, los dos frentes en que el siguiente gobierno, sea quien sea, deberá actuar. En los próximos meses, la prioridad absoluta debe ser el avance en el proceso de vacunación en paralelo con la prevención de una eventual tercera ola de contagios y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del sistema (oferta de oxígeno, camas hospitalarias y UCI, personal médico capacitado, etc.). No es lo mismo, vale recordar, cometer errores en el control del virus cuando este recién se conocía que cometerlos año y medio luego de aprendizajes y evidencia científica acumulada sobre lo que funciona y lo que no.
Los retos inmediatos
En la vacunación, en concreto, los avances recientes han sido positivos. De un promedio de 17.000 dosis diarias aplicadas a finales de marzo, al cierre de mayo el país vacuna en promedio a casi 90.000 personas por día. Aun así, el ritmo debe ser aún mayor si se busca inocular a toda la ciudadanía para el cierre del año. En el debate del domingo, la candidata de Fuerza Popular anunció que encargará la logística del proceso a Carlos Neuhaus, pero más allá de eso no ahondó en cómo mejoraría las cosas. Por su lado, durante el intercambio, el señor Castillo no dijo una palabra sobre cómo concretamente obtendría los resultados esperados en esta materia.
Pero los retos del sector van mucho más allá. La pandemia puso luces sobre la debilidad del sistema de salud en general. A pesar de que el presupuesto para el sector ha subido en más de 60% desde el 2016, los problemas de manejo, la corrupción y la falta de voluntad política han derivado en un nivel de acceso a la salud vergonzoso para un país de ingresos medios como el Perú.
La gestión de Essalud y del SIS, los aseguradores públicos que incluyen a aproximadamente 30 millones de peruanos, es el primer espacio de mejora obvia. Enfrentar las mafias e intereses creados dentro del sector es una condición necesaria para que cualquier esfuerzo camine. En este proceso, complementar el trabajo de Essalud y el SIS con el sector privado –que hoy tiene más bien un papel muy secundario– puede generar enormes ganancias de eficiencia.
Propuestas sin aterrizar
Lamentablemente, ninguno de los dos candidatos presidenciales ha puesto demasiada atención durante la campaña ni en el debate a las reformas de fondo que necesita el sector. El plan de gobierno de Fuerza Popular –vale reconocer– sí identifica muchos de los puntos débiles aquí señalados y pone sobre la mesa ideas de mejora, pero no hace mucho esfuerzo por estimar los costos que implicarían ni de dónde saldrá el dinero.
Mucho más preocupante, no obstante, es la propuesta de Perú Libre. Su plan de gobierno, pese a haber sido presentado en diciembre del año pasado ante el JNE, no contempla una sola línea referente al combate a la pandemia y la inmunización. Para ciertos temas, sus marcos de referencia son –explícitamente– las políticas aplicadas en Bolivia y Cuba, países que difícilmente podrían ser considerados modelo.
Parte del problema se halla en su enfoque. Hernando Cevallos, miembro de su equipo técnico, es crítico de una supuesta “privatización de los servicios de salud”, cuando lo cierto es que más del 90% de las atenciones las realiza el sector público. En esa línea, el plan de gobierno del candidato Pedro Castillo propone un “tarifario único para clínicas privadas”, como si ese fuese un asunto central y no las carencias de gestión en el sector público que atiende a la gran mayoría. Es notorio que, consistente con su improvisación general, la campaña de Perú Libre recién haya incorporado el tema de salud en su agenda y –ante la precariedad institucional que aflige al grupo– sus cuadros técnicos en este campo podrían retirarse del equipo con tanta facilidad como entraron.
La historia nacional, decíamos, mirará este período con atención. Luego de los funestos resultados del año pasado y de la mejora progresiva en la vacunación durante el segundo trimestre de este año, será responsabilidad del siguiente gobierno continuar con lo alcanzado y, sobre todo, enrumbar al país hacia un sistema de salud integrado, efectivo y más justo. Y será responsabilidad de los votantes elegir cuál es el equipo de gobierno a cargo de lograrlo.
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