La franja gobiernista

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció este domingo un proyecto de ley que ya ha encendido las alarmas de las instituciones que velan por la libertad de prensa e información en el país. Lo que se pretende, a decir del ministro, es modificar la Ley de Radio y Televisión a fin de imponerles a los medios privados, durante los estados de emergencia, una “franja informativa” para difundir “las acciones y actividades que viene realizando el Ejecutivo en contra del crimen”. Un propósito doblemente descaminado, pues al tiempo de entrometerse en la pauta periodística de estaciones de radio y canales de televisión, forzaría en ellos un espacio de propaganda gobiernista.

El proyecto, desde luego, está reñido con el espíritu de la Constitución que nos rige (que el titular de Justicia debería conocer al dedillo), pero si prosperase tendría seguramente un tiempo de vigencia antes de que el Tribunal Constitucional se pronunciase al respecto, por lo que la reacción ciudadana inmediata es indispensable. No se puede ignorar, en ese sentido, que la propuesta llega en un contexto en el que la actual administración sostiene una actitud hostil hacia la prensa crítica. Es decir, el sabor a represalia que deja es insoslayable.

El Estado, por otra parte, cuenta con Radio Nacional, canal 7 y “El Peruano”, medios en los que el Gobierno podría difundir sus logros contra el crimen. Siempre y cuando, claro, los hubiera… Porque sucesos como los de Pataz, donde recientemente un enésimo ataque armado de mineros ilegales a la mina Poderosa ha dejado al menos tres muertos y numerosos heridos, o datos como el revelado por este Diario con respecto a las mafias extorsionadoras y los más de 300 kilómetros de caminos de transporte público que ya controlan en Lima sugieren lo contrario.

Elegir qué noticias incluir y privilegiar en su pauta periodística es una prerrogativa de cada medio. Y mantener a su público bien informado es su cometido esencial, pues solo así conseguirá la sintonía a la que aspira. Las noticias importantes encuentran su lugar en la programación de canales televisivos y radios por sí solas. Esto, por supuesto, es una verdad de Perogrullo, pero dadas las circunstancias parece necesario recordarlo. Lo que el gobierno daría la impresión de estar persiguiendo es la adjudicación de una especie de territorio liberado dentro las pautas de los medios privados para promocionarse con dudosas primicias, la imposición de una auténtica franja gobiernista que hay que denunciar y rechazar desde ahora.