Editorial: Los pasos perdidos

El miércoles de la semana pasada, el presidente del Congreso Daniel Salaverry y otros cuatro parlamentarios de Fuerza Popular hicieron oficial su renuncia a la bancada fujimorista en el marco de una moción de censura presentada por el conglomerado naranja en contra de la cabeza de la Mesa Directiva. El hecho bastó no solo para sabotear la iniciativa –que finalmente fue retirada sin ser debatida ante la falta de apoyo–, sino también para cambiar diametralmente el panorama político en el Poder Legislativo.

Con la dimisión de estos cinco parlamentarios, la bancada de Fuerza Popular termina de despedirse de la mayoría absoluta que alguna vez lució en el hemiciclo, quedándose con 56 congresistas en sus filas. Una realidad que, como informó la Unidad de Análisis Político de este Diario, los obligará a conformarse con apenas una fracción del poder que antaño ostentaron. Así, situaciones como las de la ley que beneficiaba al ex presidente Alberto Fujimori, permitiéndole cumplir el resto de su condena en arresto domiciliario, que fue exonerada de pasar por comisiones y aprobada ante la protesta de algunos legisladores con votos fujimoristas, no podrán volverse a dar, al no contar la referida agrupación con los números suficientes para hacerlo.

A esto último se suma el hecho de que sus votos ya no bastan para aprobar proyectos de ley en el pleno y censurar ministros, y que, para la próxima legislatura, podrán perder el liderazgo de dos comisiones y cuatro espacios en la Comisión Permanente. Asimismo, que se haya mermado el poder de la agrupación naranja también significa que le será más difícil perpetrar blindajes a ciertos correligionarios, como han hecho anteriormente. Todas, circunstancias que forzarán al fujimorismo a buscar consensos y acuerdos con otras agrupaciones.

Cabe recordar que los reveses cuantitativos que hoy afligen a Fuerza Popular son apenas un síntoma de una situación más complicada. La bancada naranja llega al punto en el que está tras más de dos años de usar arbitrariamente el poder y de privilegiar intereses particulares sobre los de la ciudadanía. Una circunstancia que ha resultado en una grave pérdida de legitimidad que, al complementarse con el desorden que ha generado en el interior del partido el encarcelamiento de Keiko Fujimori, ha devenido en una profunda crisis partidaria.

Resulta lamentable, además, que la bancada fujimorista, cuando estuvo en la cúspide de su poder, no haya empeñado este para liderar reformas harto necesarias para los intereses del país. Más bien, se enfocó en fomentar la aprobación de proyectos de tinte populista –que en muchos casos extendían la influencia del Estado en la economía– y en apoyar iniciativas con claros indicios de inconstitucionalidad –como la ley que prohibía la publicidad estatal y la ley antitránsfugas– que ameritaron la posterior intervención del Tribunal Constitucional.

Es por ello que la actual coyuntura, que difícilmente podrá ser vista como provechosa por los miembros de Fuerza Popular, sí lo debería ser para el país. El nuevo equilibrio de poder de las bancadas en el Congreso debería obligar a los legisladores a adoptar el diálogo y la concertación como herramientas básicas para poder hacer su trabajo y a dejar de lado los enfrentamientos que han caracterizado sus interacciones desde el 2016.

Por su parte, esto también significa que el Ejecutivo, ante una oposición que no se muestra tan formidable como antes, dejará de tener razones para valerse de amenazas como la cuestión de confianza para sacar adelante los proyectos que propone. Un alivio, sin duda, considerando la tensión que la mencionada prerrogativa generaba al ser empleada y el riesgo que implicaba, independientemente de su constitucionalidad, para la estabilidad del Perú. Al mismo tiempo, con la disminución del poder de la oposición, tocará que el gobierno aboque sus energías a administrar el país, sin tener que distraerse en fricciones políticas.

En pocas palabras, la nueva configuración del Poder Legislativo debería volver a concentrar la atención de la clase política en el país. Atrás deberían quedar las querellas y la prepotencia y adelante deberían estar los proyectos orientados a mejorar la vida de los ciudadanos. Así las cosas, nuestros líderes tienen frente a sí la oportunidad de recuperar los pasos perdidos en los últimos años.