Transferencia con obstáculos

El gobierno de José Balcázar llega a sus últimos días arrastrando una mancha que resume su paso por Palacio: la desidia. El equipo de transferencia liderado por Marco Vinelli, que en dos semanas debía verificar las condiciones en que Fuerza Popular recibirá el Estado, halló medicamentos vencidos en el Minsa, kits escolares sin distribuir en el Minedu y una cadena de designaciones de último minuto que huelen más a reparto de cuotas que a gestión pública. Ninguno de estos hallazgos debería sorprender a quien haya seguido de cerca esta administración, pero su acumulación en las horas finales confirma que el desorden no fue un episodio aislado, sino el método de gobierno que la caracterizó.

Balcázar asumió con tres prioridades explícitas: elecciones limpias, estabilidad económica y lucha contra la inseguridad. A ellas se sumaba una cuarta, tácita pero ineludible en todo gobierno de transición: entregar el poder de forma ordenada. Las elecciones se realizaron sin sobresaltos y la macroeconomía se mantuvo relativamente estable, méritos que el Ejecutivo repite con frecuencia. Pero de nada sirven esas cifras si, a la vez, se deja un aparato estatal desordenado, con carteras que no cumplieron obligaciones tan elementales como distribuir medicinas o materiales escolares a tiempo.

Más grave resulta la ausencia de un plan de contingencia frente al fenómeno de El Niño en Mindef, Midagri, MEF y Produce, a pesar de que el propio gobierno anunció en julio una millonaria asignación presupuestal para ese fin. La distancia entre el discurso oficial y lo hallado sobre el terreno confirma que la improvisación, señalada ya en estas páginas a propósito del fallido nombramiento de Hernando de Soto, se instaló como método de gobierno hasta el último día.

Las más de 50 designaciones reveladas en julio, sumadas a las designaciones ministeriales de última hora en el Minedu y en el MTPE, configuran el retrato de un Ejecutivo que en sus horas finales priorizó las cuotas políticas antes que dejar una administración ordenada a su sucesora. Se trata de una irresponsabilidad que compromete a la próxima gestión, obligada a corregir sobre la marcha errores que no le corresponden y que no cometió.

Balcázar tiene la obligación, en los días que le quedan, de responder con transparencia a estos hallazgos. El país no puede permitirse una transición manchada por la opacidad ni un gobierno que se despida sin dar cuenta de lo que dejó a medio hacer.