El reemplazo más obvio

Si todo el Estado tuviese que reducirse a un solo objetivo específico, este sería la protección física de la vida de sus habitantes. Cualquier ciudadano sabe, o cuando menos intuye, que esa es la razón principal de ser del aparato público. Sin seguridad y paz, no hay nada.

La reflexión hace bastante predecibles los resultados de la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio, publicados ayer. En momentos récord de asesinatos y extorsiones, la presidenta Dina Boluarte registra 4% de aprobación ciudadana, apenas por encima del margen de error del sondeo (+/-2,8). Al mismo tiempo, solo uno de cada diez encuestados aprueba la gestión del principal responsable del combate contra el crimen, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y 87% opina que debería dejar el cargo. Mención aparte merece el notable incremento de popularidad del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien pasó de una aprobación de 29% en octubre pasado a 46% en la última medición de este mes.

No es realista esperar que ningún problema complejo se resuelva en cuestión de semanas, pero la verdad es que el ministro Santiváñez ha tenido ya tiempo de sobra para diseñar y aplicar un plan efectivo, y no lo ha hecho. Más bien, tres de cada cuatro ciudadanos, según la misma encuesta, dicen que la delincuencia ha aumentado desde que asumió el puesto, en mayo del año pasado. Para cualquiera es ya evidente que los anuncios triunfalistas de Santiváñez sobre estrategias de largo plazo de seguridad, capturas de supuestas bandas criminales o flotas nuevas de vehículos suelen ser, en el mejor de los casos, marginales al problema mayor y, en el peor, fuegos artificiales.

El avance de la extorsión es innegable, y en sectores como el transporte –con amplia prevalencia de la informalidad– se llega a niveles de violencia que no se veían desde épocas del terrorismo. Las bandas organizadas aprovechan estos espacios informales –sin regulaciones ni protecciones– para avanzar a sus anchas. Para el momento en que la policía intenta reaccionar, el cáncer de la criminalidad ya ha infectado demasiado.

Reemplazar a Santiváñez –quien ha devenido en un defensor político de la presidenta antes que de los ciudadanos– no resolverá el asunto, pero las cifras hacen insostenible su presencia en el Gabinete. Sus estrategias no dan resultado, y se le van acabando las maneras de maquillarlas.