Inamovilidad forzada

La reciente divulgación de un documento elaborado por la Dirección General de Información para la Seguridad, adscrita al Viceministerio de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, ha revelado un dato alarmante –uno más– sobre la falta de equipamiento de la Policía Nacional del Perú (PNP) para cumplir su obligación de proveer de seguridad a la ciudadanía. Concretamente, el documento indica que un 44% de la flota vehicular policial está inoperativa. Y si bien parte de esas unidades vehiculares –entre autos, motos, camionetas y otros– es recuperable, existe un 26% que no lo es.

Hay, por otro lado, regiones en las que la policía no tiene un solo automóvil operativo, como San Martín y Amazonas; y otras, como Ucayali, Pasco, Loreto y Cajamarca, que solo cuentan con uno en sus jurisdicciones. En lo que concierne a Lima Metropolitana, que concentra a un 30,2% de la población del Perú (unos 10,2 millones de habitantes), los automóviles disponibles son apenas 352, mientras que las camionetas son 1.416 y las motocicletas, 1.620. A todas luces, un equipamiento insuficiente para enfrentar la dramática situación que viven los limeños por el constante asedio de la criminalidad. Sin vehículos no hay patrullaje, ni posibilidad de acudir con rapidez al lugar donde se está produciendo un hecho delictivo. Es como si parte de las fuerzas policiales estuviera en inamovilidad, pero no por orden superior, sino porque sencillamente no tiene cómo moverse… En esas circunstancias, la declaración de emergencia en 13 distritos de la capital no pasa de ser, en muchos casos, nada más que eso: una declaración.

¿Cómo se ha llegado a este alarmante porcentaje de inoperatividad de la flota vehicular policial? Pues, evidentemente, con una prolongada desidia oficial traducida en retaceo de recursos para reparar lo estropeado y reponer lo irreparable. Cabe preguntarse, claro, si tales recursos existen. Pero cuando nos enteramos de que el Gobierno se obstina en destinar recursos a Petro-Perú sin un compromiso claro de reformar la empresa, la respuesta se hace evidente.

Lo que falta, en consecuencia, es la decisión política de destinar fondos a la restitución y ampliación de la capacidad de movilización de la PNP. Mientras ello no ocurra, el crimen seguirá campeando en el territorio nacional y la pretendida lucha del Gobierno contra él no pasará de un malhumorado esfuerzo retórico por culpar del problema a los ciudadanos a quienes en realidad lo sufren.