No hay prisa

Otro destape periodístico volvió a poner esta semana al presidente del Congreso, Alejandro Soto, en la picota. El último domingo, el programa “Panorama” reveló que las tesis que presentó en el 2016 y el 2017 para obtener respectivamente los grados de magíster y doctor en Derecho en la Universidad San Antonio Abad de Cusco presentan sospechosas similitudes. Por decirlo de otra manera, estaríamos ante alguien que consiguió pasar lo que en esencia era un trabajo como dos distintos. Esto es, ante un embaucador.

A estas alturas, la avalancha de cuestionamientos en su contra es tal que uno esperaría que el resto de sus colegas ya hayan caído en la cuenta de que los problemas de Soto, por arrastre, los afectan también a ellos. Al fin y al cabo, cuando la ciudadanía evalúa el desempeño del Congreso de la República en los diferentes sondeos no hacen tamizajes ni salvedades entre sus 130 integrantes. Y, sin embargo, en el palacio de la plaza Bolívar una mayoría parece mirar hacia otro lado ante el hundimiento de quien los encabeza.

Una prueba de esto ha sido el hasta ahora infructuoso esfuerzo por sacar adelante una moción de censura contra el parlamentario de Alianza para el Progreso, pese a que esta misma representación nacional se ha mostrado célere al momento de destituir, por ejemplo, a algunos ministros o a funcionarios de otros organismos autónomos. Y otra, las investigaciones que Soto tiene abiertas en la Comisión de Ética desde el 31 de agosto y que todavía no cuentan ni siquiera con un informe para decidir si pasan a la etapa de investigación como tal. Según declaró el presidente de dicho grupo de trabajo a este Diario, Diego Bazán (Avanza País), de hecho, esto recién ocurriría a inicios de octubre, es decir, más de un mes después de que se encargaran. Ello, mientras la imagen del presidente del Congreso continúa desgastándose a pasos agigantados.

En palabras del experto en derecho parlamentario, Alejandro Rospigliosi, por ejemplo, “cuando hay voluntad política” los casos pueden avanzar mucho más rápido. “Estos son casos emblemáticos, se trata del presidente del Congreso y debería darse un proceso rápido que respete el debido proceso”, afirmó. Mientras que, para el ex oficial mayor del Congreso José Cevasco, el plazo que establece el reglamento de la Comisión de Ética para estos procesos es en sí “demasiado amplio”.

Además, los tres procesos que viene afrontando Soto en Ética (uno por la contratación de la tía de su hijo en su despacho, otro por votar a favor de una ley que lo benefició en un proceso penal y sobre el que mintió públicamente, y un último por los aportes ‘voluntarios’ que sus trabajadores abonaban para solventar su publicidad en las redes sociales además de los ataques de estos a otros parlamentarios a través de cuentas anónimas) están, a decir verdad, bastante bien documentados por la prensa. Por lo que uno pensaría que no hay mucho que evaluar en cada uno de ellos.

Por supuesto, más allá de la dilación para definir los procesos que conciernen al titular de la Mesa Directiva, sabemos que lo más probable es que todos ellos terminen en otro episodio vergonzoso de blindaje. No olvidemos que, aunque la composición de la Comisión de Ética es nueva, hablamos de la misma representación nacional que en los últimos dos años ha blindado desde ‘Niños’ hasta mochasueldos. Y que, más allá de este período parlamentario, como ha demostrado la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio (ECData), menos del 20% de las pesquisas abiertas en dicho grupo de trabajo desde el 2001 han terminado en sanción.

Pero, mientras tanto, harían bien en Ética en dar la apariencia de que al menos allí consideran que los casos contra Soto son lo suficientemente graves como para darle la celeridad que ameritan. Parece que para ellos, sin embargo, la prisa no es una opción.