Editorial: Todo queda en Junín

“Camarada, buenos días. ¿Van a intervenir la casa o ya no? Estoy confundido”, le pregunta a través de WhatsApp Waldys Vilcapoma, encargado de la Dirección Regional de Transportes de la sede Satipo, a Vladimir Cerrón, según sostiene la fiscalía. Se refiere al allanamiento que se haría de sus viviendas, en el marco de las investigaciones por el Caso Los Dinámicos del Centro y sobre el que, como demostrarían las conversaciones descubiertas, los implicados ya estaban advertidos.

Pesquisas como estas no son sencillas para quienes persiguen el delito en nuestro país. Las organizaciones criminales, como la que nos ocupa, no solo se valen de la astucia de quienes las componen, sino que tienen como ventaja clave el poder político que ostentan y la influencia que tienen sobre el sistema de administración de justicia de las regiones donde cometen sus fechorías. Lo que explica, por un lado, que reciban información adelantada de las diligencias que se harán, lo que les permite interferir en el proceso de recolección de evidencias, y, por otro, que se les someta a un proceso judicial aparentemente complaciente, como el que desembocó en el rechazo del pedido de prisión preventiva contra 20 de los supuestos involucrados, a pesar de haber quedado demostrado el interés de estos por entorpecer el trabajo de la justicia –rehuyendo a las fuerzas del orden, por ejemplo–.

En ese sentido, las condiciones deben darse para que la investigación no se vea afectada por el alcance que puedan tener los implicados. Especialmente frente a un caso que tiene en su centro a la agrupación que parece estar ad portas de convertirse en el partido de gobierno y cuya campaña habría sido financiada con el dinero sucio acumulado por la banda delictiva. Si con una fracción de poder, como el que trae consigo la función pública en una región del país, es posible para Los Dinámicos del Centro atar y desatar a su antojo, con el poder que traen el Ejecutivo y el Legislativo las opciones para hacer de las suyas serán casi infinitas.

Pero la solución al posible sesgo que podría tener la justicia juninense, precisamente por la influencia innegable del señor Vladimir Cerrón, es que las pesquisas se conduzcan fuera de la región. Y existen jurisdicciones especiales, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial para lidiar con situaciones de este tipo, pues tienen competencia nacional. Como ha señalado el abogado Carlos Caro en nuestra sección de Opinión hace unas semanas, hablamos de, “en el caso del Ministerio Público, de las fiscalías supraprovinciales en materia de corrupción, lavado de activos y criminalidad organizada […] y, tratándose del Poder Judicial, se tiene la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada”.

Casos como el de La Centralita, en el que una red criminal empleaba la intimidación y ejercía su influencia para entorpecer la acción de la justicia, demuestran la eficiencia de mecanismos como este. De hecho, César Álvarez, el exgobernador regional de Áncash, incluso fue condenado en el 2019 a ocho años y tres meses por colusión agravada. Una conclusión a la que difícilmente se hubiese podido llegar con las garras corruptas de su organización clavadas en el proceso que se le seguía.

Y la sombra de Cerrón ha oscurecido en más de una oportunidad la justicia en su región. Como informó este Diario hace más de un mes, más de 20 casos contra Cerrón están paralizados en la fiscalía y el Poder Judicial de Junín. La mayoría de estos se inició hace seis o cinco años y algunos continúan sin una acusación concreta, otros siguen en período de investigación y algunos no registran avance. Ante ello, el fiscal superior Ramón Vallejo, coordinador de las fiscalías anticorrupción en Junín, no solo reconoció que hay “un poco de atraso”, sino que hay algunos jueces “que deberían apartarse”, por haber estado en el Gobierno Regional de Junín.

Solo ayer este Diario publicó una investigación sobre los magistrados que ya fallaron a favor de Cerrón en el pasado que siguen teniendo un papel en el caso que nos ocupa.

Frente a todo esto, es indiscutible que, si se busca justicia contra Los Dinámicos del Centro, el caso debe salir de Junín.