Con 93 votos en contra, 10 a favor y 21 abstenciones, el Congreso de la República decidió no someter a debate la moción de censura contra el titular de este poder del Estado, Manuel Merino de Lama, presentada por la bancada del Frente Amplio por su manejo del proceso de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra y por su conducta en torno al mismo.
Se trata de una decisión lamentable, toda vez que, por mano propia, el señor Merino ha perdido toda credibilidad para ejercer el cargo. Con mayor razón, ad portas de un proceso tan relevante como el que podría terminar con la destitución del jefe del Estado este viernes.
De hecho, si hoy hay sombras alrededor del pedido de vacancia presidencial es, en gran medida, por el comportamiento del presidente del Congreso. Por ejemplo, como se sabe, este fin de semana se dio a conocer que Merino se comunicó con miembros de las Fuerzas Armadas, según él para garantizarles que “el Congreso actuaría de una manera responsable y en el marco de la Constitución” en el procedimiento de marras. Una intromisión desatinada frente a un ente no deliberativo y que cuesta no leer como un intento por adelantarse al desenlace de un proceso que aún está en curso.
Ello, sumado a las acusaciones del ministro Incháustegui sobre un miembro de Acción Popular que quiso reclutarlo para un potencial gabinete en el gobierno de Merino, dibuja a una cabeza de la Mesa Directiva que estaría más interesada en alcanzar, cortando camino, el pico de su carrera política que en respetar rigurosamente la Constitución.
Si el viernes pasado el Congreso votó a favor de la moción de vacancia para que Vizcarra se presente ante el pleno y responda por lo que se le acusa, el mismo criterio debió regir para que se debata y decida la suerte del titular del Parlamento. Su papel está dejando mucho que desear y un mayor escrutinio de sus pares hubiese sido conveniente.