Editorial: Una purga como las de antaño

El 17 de mayo pasado, la abogada Lesly Shica Seguil renunció a su cargo de asesora legal en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) con una carta que ha traído cola. En ella, la ahora ex funcionaria le dice a Elvia Campos, viceministra de Prestaciones Sociales (a quien dirige el documento), que renuncia en atención a un pedido expreso que esta última le hizo dos días antes por su “participación como comentarista en el programa #LaArgolla, transmitido vía Facebook por la plataforma digital de Político.pe el lunes 14 de mayo”.

Después de anotar que participó en ese programa, en el que “no se abordaron temas relacionados con el Midis ni se revelaron datos sensibles para la administración”, fuera de su horario de trabajo, Shica concluye que su ‘desvinculación’ obedece a razones ideológicas. Esto porque en el referido espacio se habló de la ya conocida contratación que la congresista del Frente Amplio (FA) María Elena Foronda hizo de una sentenciada por terrorismo como trabajadora de su despacho. “En dicho espacio expresé mi absoluto y contundente rechazo a la contratación de terroristas condenados para trabajar en el Estado”, precisa Shica en la carta.

Como se recordará, la actual titular del Midis, Liliana La Rosa Huertas, militó en el FA hasta enero de este año. Y no se apartó por discrepancias doctrinarias o problemas semejantes, sino porque le tocó asumir responsabilidades como decana del Colegio de Enfermeros y, según dijo, “no podía estar en otras cosas”. Lo que sugiere la prevalencia de una sintonía ideológica que explicaría la aparente irritación hacia quien había criticado a la parlamentaria Foronda.

En ese mismo sentido apuntan, además, las cambiantes respuestas que dio la ministra sobre este asunto en una entrevista de RPP, el viernes pasado. Interrogada sobre los motivos del despido, la señora La Rosa trató inicialmente de evitar el tema diciendo que ella estaba ahí para hablar sobre la campaña contra la anemia. Pero luego, a insistencia del periodista, afirmó que ellos elegían asesores “con trayectoria y aporte” y que Lesly Shica tenía 24 años y ganaba S/8.000. Cabía suponer, entonces, que la consideraba muy joven para el rol y la remuneración que tenía…

Tal argumento, no obstante, quedó rápidamente desvirtuado cuando se le recordó que a la asesora se le había pedido la renuncia con referencias expresas a su aparición en el ya mencionado programa. Y ante eso, la ministra cambió de explicación y sostuvo que quienes están en el servicio público no pueden expresarse en contra de ninguna otra institución y “menos de la institucionalidad del Congreso”: una aseveración que no guarda relación con la realidad, pues los funcionarios públicos no están mutilados en sus derechos políticos y pueden expresarse libremente en tanto mantengan reserva sobre las materias que conocen a raíz del cargo que ostentan.

Desde entonces, la impresión de que lo ocurrido en el Midis ha sido en realidad una purga política o ideológica ha ido difundiéndose entre la ciudadanía, y consecuentemente también la preocupación de que tales comportamientos puedan estar teniendo lugar en algunos sectores el gobierno. Las purgas, aunque antiguas, nunca han sido una receta recomendable. Y en la historia mundial de la izquierda, en particular, son de ingrata recordación.

Los asesores de ministros y viceministros son, desde luego, personas que tienen que gozar de la absoluta confianza de sus jefes. Pero en este caso, hablamos de una funcionaria que, en virtud a su desempeño, conservó su puesto a través del paso de más de un responsable de la cartera.

Más allá del paradójico descubrimiento de que en el Ministerio de Inclusión Social a veces también excluyen, para tranquilidad de quienes ven con inquietud la probabilidad de que ese despacho se esté manejando con los criterios descritos, acaso el presidente del Consejo de Ministros debería interesarse en el asunto para brindar a la opinión pública una explicación que conjure esos temores, si es que existe.