Editorial El Comercio

El viernes por la tarde, las autoridades hicieron efectiva una orden de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que le impuso prisión preventiva a , exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y de Transportes y Comunicaciones. La medida se dio luego de que la fiscalía apelase la decisión del juez Juan Carlos Checkley que, a principios de mes, había determinado que en el caso de Alvarado no había riesgo de fuga (caso contrario al de y Juan Silva, fugado exministro de Transportes).

Así, uno de los miembros más estables de los numerosos gabinetes que tuvo el régimen de Pedro Castillo ahora comparte la suerte de su exjefe. En ambos casos, se les indaga por el presunto delito de organización criminal. En el caso de Castillo, como se sabe, esta restricción se suma a la que lo colocó en el penal de Barbadillo por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

A estas alturas, los peruanos ya deberíamos entender que la imposición de un período de prisión preventiva contra un funcionario o personaje político no entraña, per se, una sanción por algún delito que este haya podido cometer. Se trata de un recurso procesal que tiene como objetivo proteger las pesquisas que el Ministerio Público lleva a cabo, ya sea para asegurar que una persona que podría estar motivada a fugarse para sortear la acción de la justicia se quede para enfrentarla o para evitar que obstruya el trabajo de las autoridades. Y aunque hay que exigir que los procesos contra estos individuos se lleven a cabo de forma célere y que se les condene si así corresponde, ver que ex servidores públicos como Geiner Alvarado están ahora en manos del Poder Judicial no deja de ser satisfactorio.

En fin, el gobierno de Pedro Castillo duró casi año y medio y, durante todo ese lapso, el deterioro y la destrucción de la función pública y la infección del Estado con personajes incompetentes, en el mejor de los casos, y criminales, en el peor, habían hecho que los reclamos por que se haga justicia llegaran de casi todos los rincones de la ciudadanía. Con el golpista tras las rejas y, ahora, con Geiner Alvarado también encerrado, podemos sentirnos aliviados de que lo que parecía un acorazado de corrupción hoy está haciendo agua y sus protagonistas desfilan frente a jueces, fiscales y alcaides.

Conviene recordar, empero, el rol que el señor Alvarado tuvo en todo esto. Como se sabe, a él se le abrió una investigación en agosto del 2022 por su presunta pertenencia a una organización criminal, a propósito de una serie de irregularidades identificadas en la cartera de Vivienda, que presidió. El caso se derivó de la indagación a Yenifer y Lilia Paredes, cuñada y esposa del exmandatario, respectivamente, por contratos relacionados con obras de saneamiento en Anguía (Chota) y otras municipalidades. A Alvarado, además, lo comprometen múltiples testimonios recogidos por la fiscalía, como el de Hugo Espino, quien, tras reconocer haber sido parte de hechos ilícitos, como el pago de S/200 mil al alcalde de Anguía, Nenil Medina –presunto miembro del mentado “gabinete en las sombras”–, afirmó que Geiner Alvarado era uno de los altos funcionarios del Gobierno con el que el burgomaestre le dijo que tenía cercanía.

Es evidente que falta aún mucho pan por rebanar en el caso del señor Alvarado. Pero es claro que fue un eslabón vital en un régimen que pasará a la historia no solo por la putrefacción y contumacia que caracterizó a sus miembros, sino por ser el primero en 25 años que perpetró un golpe de Estado con el afán de perpetuarse en el poder y, sin lugar a duda, seguir asaltando el erario. Por ello mismo, su testimonio ante las autoridades a partir de ahora será clave para conocer aún más detalles sobre la administración anterior.

Como decimos, sin embargo, la justicia recién terminará por conseguirse cuando los juicios delimiten culpables, una tarea que será más fácil en algunos casos que en otros. Lo bueno es que el camino ya comenzó.

Editorial de El Comercio