Editorial: Las cortes del pueblo

Recurrir al “pueblo” como coartada suele ser un recurso común para los políticos de toda tendencia. Ya sea para asegurar que ellos representan a cabalidad lo que “el pueblo” clama o para condicionar a su criterio la adopción o el abandono de una medida en particular, este es un recurso bastante socorrido, pero que los que han alcanzado el poder en el pasado han sabido matizar. En democracias representativas como la nuestra, la ciudadanía le encarga una serie de responsabilidades a las autoridades a las que decide darles el poder cada cinco años. Estas, a su vez, operan dentro de un sistema en el que tienen que respetar la autonomía de algunas instituciones, que no pueden percudirse con intereses o motivaciones políticas y que, por ello, su composición está encargada a entes netamente técnicos. Esto es lo que ocurre con el Poder Judicial y el Ministerio Público y con los jueces y fiscales que a ellos pertenecen.

Sin embargo, es precisamente la manera en la que estos funcionarios son elegidos que el candidato Pedro Castillo ha propuesto cambiar. En concreto, pretende que ya no sea responsabilidad de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) designarlos, sino que ello dependa de una elección popular. “Los jueces y fiscales tienen que ser elegidos por mandato popular, los nuevos jueces deben ser elegidos por mandato popular para que hagan una buena justicia en el país”, fue lo que dijo en Chota durante el debate con Keiko Fujimori. Se trata, además, de un objetivo descrito en el plan de gobierno que su agrupación presentó al Jurado Nacional de Elecciones, documento del que el aspirante al sillón de Pizarro reniega solo cuando la coyuntura se lo exige.

Ayer, un informe publicado por este Diario recogió la opinión de diversos expertos sobre esta propuesta y la conclusión a la que todos llegan es que esta está lejos de ser una buena idea. El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, por ejemplo, se refirió a un informe de las Naciones Unidas (elaborado por Leandro Despouy) sobre la independencia de los magistrados y abogados, en el que se concluye que “los sistemas de elección de jueces; ya sea por elección política, popular o por medio del Congreso, eran los más vulnerables”.

Por su lado, el exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva llama la atención sobre el hecho de que algunas de las falencias existentes en organismos electos, como el Parlamento, se podrían replicar dentro del Poder Judicial. Habría jueces y fiscales “que no entienden cuál es su labor”, como sucede con muchísimos padres de la patria y con algunos alcaldes y gobernadores regionales. Y cuando no se conoce cómo ejercer la tarea asignada en el sector público, puede aumentar el riesgo de que se lleven a cabo actos de corrupción y abuso de poder.

En el mismo informe, el abogado penalista Dino Carlos Caro Coria, resaltó los riesgos de que se politice el proceso de designación de los funcionarios que nos ocupan. “El candidato o juez tendrá que hacer campaña como lo hacen en campaña electoral. Eso no garantiza que lleguen los mejores; por el contrario, vas a politizar el Poder Judicial. Ese lado es absolutamente inconveniente”, ha anotado. En esa línea, vale imaginarse qué promesas harían los aspirantes a administradores de justicia para hacerse de las preferencias ciudadanas y en qué medida los intereses que hoy embarran el Poder Legislativo (véase cómo se ha buscado socavar la reforma universitaria) podrían trasladarse a nuestros tribunales.

En suma, la iniciativa de Castillo tiene más sentido electoral, por su tonada populista, que práctico, toda vez que no apunta a solucionar los problemas que persisten en nuestro sistema de justicia. El objetivo, más bien, debería ser fortalecer la independencia de las instituciones que hoy lo componen, como la joven JNJ. En fin, el objetivo es tener jueces y fiscales independientes a cualquier interés y enfocados en preservar el debido proceso, no en ser reelegidos después de un período.