Editorial El Comercio

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más

El lunes por la noche, el presidente Francisco Sagasti ofreció un mensaje a la nación para anunciar una serie de medidas para fortalecer la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de la violenta represión ejercida por las fuerzas del orden durante las protestas de las últimas semanas. Por su lado, en una entrevista con RPP, el ministro del Interior, Rubén Vargas, dio más detalles sobre las decisiones del Gobierno.

Entre las principales acciones dadas a conocer por el Ejecutivo destacan la designación de César Augusto Cervantes Cárdenas como comandante general de la policía y el paso al retiro de 18 generales de la misma institución, entre los que resalta Jorge Lam, ahora exsubcomandante de la PNP, quien estuvo al mando de la entidad durante las manifestaciones y que está siendo investigado por la fiscalía. A ello se suma que se instalará una comisión de bases para que, en un plazo de 60 días, se planteen propuestas de cambio para “modernizar y fortalecer” a la organización, y la movilización de hasta 100 gerentes públicos, a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), para que intervengan en la gestión de sus sistemas administrativos y presupuestales.

Desde algunos sectores se están exigiendo reformas más radicales a la PNP, pero los pasos dados por el Gobierno resultan prudentes y atinados. La circunstancia, por ejemplo, de que muchos de los altos mandos, que pudieron estar vinculados a la violencia registrada este mes en nuestras calles, hayan sido separados de sus puestos, representa una sanción nítida que se espera disuadirá a los sucesores de insistir con el empleo abusivo de la fuerza. Asimismo, que se vaya a asignar a funcionarios especializados de Servir para reorganizar una institución asolada por tanto tiempo por irregularidades en el manejo de sus recursos –especialmente durante la pandemia–, es acertado y hasta esperanzador.

Sin embargo, es claro que lo decidido por la administración Sagasti es apenas un primer paso en el largo camino de medidas que deberán tomarse al interior de la policía. El reto es mayúsculo y trasciende a la influencia de quienes recientemente han dejado de encabezar la institución. A la lucha contra la corrupción, trance en el que incluso habrían estado envueltos algunos titulares del sector Interior, se le debe añadir el perfeccionamiento de los protocolos de intervención y una mayor transparencia, sobre todo cuando algo se hace mal.

Lo ocurrido durante las protestas es un claro indicio de la importancia de lo último. Como se sabe, a pesar de las evidencias (incluso constatadas en las necropsias de los dos jóvenes fallecidos), los altos mandos de la organización y el entonces ministro del Interior, Gastón Rodríguez, negaron el uso abusivo de perdigones y bombas lacrimógenas. Pero las fotos y videos, registrados tanto por los ciudadanos que marcharon como por periodistas, así como las heridas de muchos de quienes estuvieron en las protestas, echaron serias dudas sobre las versiones oficiales.

Y este caso no es, de ninguna manera, la única muestra de opacidad en la policía: el siniestro incidente ocurrido hace unos meses en una discoteca de Los Olivos, donde murieron 13 personas, también dio cuenta de posiciones contradictorias e intentos por lavarse las manos.


La PNP, en fin, necesita una cirugía mayor. Las fuerzas del orden tienen que ser, además de eficientes, un ejemplo para la ciudadanía. La tarea incluirá que el organismo trabaje en su empatía –tanto para evitar hechos como los de las últimas semanas como para acoger de mejor manera en las comisarías a las víctimas de diversos crímenes, en especial la violencia de género– y en su voluntad de aceptar cambios profundos para desterrar los vicios que, por tanto tiempo, han percudido a quienes deben velar por nuestra seguridad.