Villarán finalmente en el banquillo

Tras una larga espera, se ha establecido fecha para el juicio a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por los aportes de Odebrecht y OAS a sus campañas.

El proceso oral se iniciará en setiembre de este año; es decir, luego de tres meses más de dilación, lo que no parece razonable. La fiscalía, de hecho, ha pedido adelantar esa fecha y ha observado que, si se realizasen audiencias diarias, podría emitirse sentencia en solo un año. Ha olvidado mencionar, sin embargo, que parte de la demora para llegar a este punto es responsabilidad suya. A su turno, el presidente de la Corte Superior Nacional, Jhonny Contreras, ha señalado que si bien tal adelanto podría producirse si el Tercer Juzgado Penal Colegiado lo considerase conveniente, las audiencias solo tendrían lugar dos o tres veces por semana. El plazo entonces no será precisamente breve; sobre todo si consideramos que, tras la sentencia en primera instancia, vendrá con seguridad una apelación y, eventualmente, algunos otros recursos que podrían prolongar aún más la acción de la justicia. Los testigos llamados a participar en el juicio, además, son cerca de 500.

El fiscal José Domingo Pérez, como se recuerda, ha pedido para la exalcaldesa 29 años de prisión por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita, colusión, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Específicamente, se la acusa de haber lavado más de US$11 millones de las ya mentadas constructoras brasileñas y de la peruana Graña y Montero a través de sus campañas contra la revocación (2013) y por la reelección (2014). Según el Ministerio Público, los aportes de esas empresas habrían sido parte de un acuerdo para ser favorecidas después desde la Municipalidad de Lima.

Ciertamente no todos los cargos son igualmente sólidos y la suerte que correrán en el juicio quizá sea diversa, pero lo particular de toda esta situación es que la propia señora Villarán ha admitido haber recibido los aportes en cuestión. Aunque ella y su defensa alegan que aquello no constituyó delito, la posibilidad de que consiga hacer prevalecer tal tesis luce remota. La insistencia en que ese dinero sirvió para financiar las ya referidas campañas y no para beneficiarse económicamente en lo personal resulta baladí, pues de cualquier forma fue una contraprestación ilícita a cambio de un beneficio. El ámbito en el que este se materializó carece de importancia.

La claridad de la situación, a decir verdad, debería determinar que el juicio oral a la exalcaldesa de Lima no se extienda.