Informalidad con GPS

El último 19 de julio, un bus interprovincial de la empresa Turismo Andino que viajaba entre Yauya (Áncash) y Lima con más de 40 pasajeros se precipitó por un abismo de 200 metros en la zona conocida como Patroncocha Muchcas, en la provincia ancashina de Carlos Fermín Fitzcarrald. Las imágenes del siniestro registradas ese día mostraban que la unidad había quedado volcada, con las llantas hacia arriba y la carrocería comprimida por el impacto. Murieron 15 personas.

Como ha revelado este Diario, el bus no tenía SOAT. Esta información es, desde hace siete años, de acceso público y está en permanente actualización. Prácticamente, cualquier persona puede consultarla y más aún los inspectores de la entidad, que cuentan con un aplicativo para celulares –Fiscamóvil– que facilita esta operación. Sin embargo, Sutrán no advirtió esta irregularidad cuando el bus salió de su estación inicial en ruta hacia la tragedia.

Unos días después, el 30 de julio, un bus de la empresa Transporte Especial Cotrina Buss E.I.R.L. que cubría la ruta Tumbes-San Martín se salió de la pista a la altura del distrito de Huarmaca, en Piura, y cayó por un abismo. Nuevamente, murieron 15 personas. En aquella ocasión, Sutrán se apuró en publicar un comunicado en sus redes sociales enfatizando que el vehículo contaba con SOAT, certificado de inspección técnica y habilitación del MTC vigentes. Sin embargo, omitió un detalle: el accidente había ocurrido a decenas de kilómetros del recorrido oficial del bus y ellos no lo registraron, pese a que cuentan con un sistema GPS para monitorear en tiempo real la ubicación y velocidad de la unidad.

El 19 de agosto, finalmente, otro bus se desbarrancó a la altura del kilómetro 122 de la vía Los Libertadores, en Huancavelica. Murieron 20 personas. El vehículo llevaba tres días con la revisión técnica vencida; sin embargo, la Sutrán no lo advirtió, pese a que, de nuevo, esta información es de acceso público y cualquiera de nosotros podría cotejarla con algunos toques en el celular.

Resulta evidente que estos accidentes pudieron evitarse si las autoridades se hubiesen encargado de verificar que aspectos que uno consideraría hasta de sentido común para permitir el transporte público de pasajeros, como tener un SOAT y una revisión técnica vigente o cumplir las rutas estipuladas, se estaban cumpliendo. Pero ello no ocurrió.

Lo peor de todo, sin embargo, han sido las respuestas que Sutrán le dio a este Diario. Sobre el bus que se estrelló sin SOAT, por ejemplo, la entidad culpó a la Asociación Peruana de Seguros (Apeseg) por no haberle informado de esta situación. “La unidad pasó por el control de la Sutrán y, conforme a la información proporcionada en su momento por la Apeseg, el vehículo sí contaba con el SOAT vigente hasta octubre del 2023, el mismo que fue anulado el 7 de julio del presente año sin que esta entidad lo haya comunicado”, explicaron, pese a que este Diario pudo verificar que la propia Apeseg colocaba en su sitio web que el SOAT del vehículo en cuestión llevaba vencido desde octubre del 2022.

En cuanto al bus que volcó en Piura, la superintendencia explicó que este “realizó el recorrido autorizado, tal como puede verificarse en la hoja de ruta N° 2023-000191 [...] Tumbes-Sullana-Piura-Olmos-Pucará-Chiple-Chamaya-Bagua Grande-Pedro Ruiz-Naranjos-Nueva Cajamarca-Rioja-Moyobamba-Tabalosos-Morales y viceversa”. No obstante, información de la propia División de Policía de Carreteras contradice este argumento, pues sostiene que el vehículo iba con destino a Chiclayo; es decir, fuera de lo estipulado en su itinerario oficial.

Por último, sobre el bus que tenía el certificado de revisión técnica vencido, Sutrán se limitó a decir que el día del accidente el vehículo “no había pasado por ningún punto de control”. Una defensa que ni siquiera vale la pena desmontar.

De poco sirve que existan medidas orientadas a garantizar la seguridad en la prestación de este servicio si nadie verificará que estas se cumplan. O, dicho de otro modo, de poco sirve que las unidades cuenten con GPS para estar bajo monitoreo constante si la informalidad va a seguir siendo la que guíe sus rutas mientras quienes deben fiscalizarlas improvisan maniobras retóricas inadmisibles.