Mesa frágil

Dos días atrás, el Congreso no logró reunir los votos necesarios para debatir una moción de censura presentada por un grupo de legisladores contra la tercera vicepresidenta de dicho poder del Estado, Rosselli Amuruz. Esta, como se sabe, se encuentra en el ojo de la tormenta tras la revelación de que participó en una fiesta celebrada en la víspera de que sus colegas rindieran un homenaje póstumo a su excompañero en la Mesa Directiva, Hernando Guerra García, y que terminó en tragedia luego de que Christiam Enrique Tirado fuera asesinado presuntamente por Abel Valdivia Montoya (detenido ayer en Rusia).

El problema no fue solamente el pésimo ‘timing’ de la parlamentaria para irse de rumba mientras varios de sus colegas se encontraban consternados por la noticia –aún fresca– del abrupto deceso de Guerra García. Lo que realmente coloca a la representante de Avanza País en una situación apremiante es todo lo que la prensa ha descubierto después: sus vínculos con el protagonista de la fiesta, el exlegislador Paul García, con quien Amuruz tendría una relación sentimental y a varios de cuyos allegados ha contratado en el Congreso en diferentes oficinas en las que ella tiene injerencia; los viajes que realizó con García al extranjero cuando le correspondía estar en semana de representación; las mentiras en las que incurrió para tratar de atenuar su participación en la organización del evento; y sus vínculos preocupantes con personajes investigados por la fiscalía presuntamente por sus negocios con el Estado.

Varios de estos puntos fueron incluidos en la moción que no llegó ni siquiera a debatirse gracias a los votos en contra de parlamentarios de Renovación Popular, Avanza País y no agrupados, pero principalmente debido a las abstenciones de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. En el caso del fujimorismo, sus votos resultan particularmente sorpresivos dado que el legislador al que se encontraban velando mientras Amuruz festejaba integraba su partido.

Amuruz, sin embargo, no es la única integrante de la Mesa Directiva que ha provocado cuestionamientos. El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón (Perú Libre), ha criticado la sentencia emitida la semana pasada contra su hermano Vladimir por colusión y la ha calificado de “arbitraria y politizada”. No olvidemos que el legislador se halla comprendido además en la investigación que el Ministerio Público tiene abierta por lavado de activos contra el sentenciado exgobernador regional de Junín y que, según la tesis fiscal, habría jugado un rol importante en la presunta organización criminal que Vladimir habría montado.

Mucho más conocida es la precaria situación del titular de la Mesa Directiva, Alejandro Soto. Él no solo se halla comprendido en una investigación de la fiscalía por el caso de los aportes de sus trabajadores que servían para hacerle publicidad en las redes sociales. También se ha anunciado que irá a juicio el próximo año contra una empresa que lo ha denunciado por estafa y que exige el pago de una reparación en compensación. Se ha demostrado, asimismo, que para archivar este mismo caso en el fuero penal echó mano de una ley por la que votó unos meses atrás (por lo que será investigado en la Comisión de Ética). Y que mintió públicamente al respecto, así como mintió sobre su relación con la hermana de una de las trabajadoras de su despacho.

El único que se salva en este recuento infame es el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Arturo Alegría, que apenas tiene una semana en el cargo.

En el Congreso, sin embargo, parecen no darse cuenta del costo reputacional que les genera tener a tres de sus cuatro directivos cuestionados. Pues este, vale recordar, no lo asumen solo estos últimos, sino también la institución en su conjunto. Ojalá que entiendan cuanto antes que hace falta cambiar esta situación. Después de todo, todos sabemos que una mesa de cuatro patas que tiene tres de ellas debilitadas no dura mucho.