![“La cámara resolvió que lo de Paolo fue una renuncia y haremos valer nuestros derechos”: Vallejo y los pasos que darán ante los rumores de su vínculo con Alianza](https://elcomercio.pe/resizer/v2/RU7NDC7CGFBOXBSH7RFJEFVCJ4.jpg?auth=744abfbbe962339a862b3fd725a2814be3723a56faa3051a9e84fc91d22d3235&width=85&height=85&quality=75&smart=true)
En el 2017, los peruanos decidimos no cuestionar la prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia en su momento, porque eran muy sospechosos y además impopulares. Poco importó si había verdadero peligro de fuga, lo que queríamos era una sentencia anticipada. Y ahora vemos con preocupación que cualquiera está en riesgo de esperar su día en juicio… desde una celda.
No nos opusimos al Decreto de Urgencia 003 ni mucho menos a su excesiva ampliación por el Congreso, pues Odebrecht era el villano y el villano no tiene derecho a exquisiteces como principios de legalidad y tipicidad. No importaba si la ley al momento de comisión de los delitos no establecía nada como “empresa corrupta debe quebrar”, “empresa corrupta no puede disponer de sus ingresos ni volver a contratar con el Estado” o algo parecido. Ahora que constatamos que así entorpecimos la colaboración eficaz de Odebrecht y posiblemente de otras constructoras brasileñas (descontando, por cierto, cómo rayos nos podríamos defender ante un tribunal internacional), nos preguntamos cómo desenredar el nudo en que solitos nos metimos.
Por eso también callamos cuando el castigo llegó a las consorciadas. Socia en las fechorías, socia en la pena sin ley previa y sin sentencia.
No defendimos a los trabajadores de Odebrecht, ni a sus abogados, economistas, contadores o proveedores. No importaba si la actividad de esos profesionales era real y lícita. Todo aquel que hubiera trabajado para Odebrecht era un apestado. Poco relevante era que el ex trabajador o contratado no hubiera sabido jamás de sus fechorías. Al firmar contrato se estampó la flor de lis en el cuerpo. Por lo menos, un presidente y un ex presidente deben estar lamentando, ahora, algunas conferencias y consultorías…
No protegimos la presidencia, porque la ocupaba PPK, el “olvidadizo”, “desprolijo” y pésimo político. Sí, mintió e incurrió en un conflicto de intereses en el 2004-2005 cuando fue ministro, pero no nos preguntamos si eso bastaba para ser sometido a un proceso de vacancia presidencial, y si al hacerlo, poníamos en riesgo la continuidad del mandato presidencial que la Constitución privilegiaba. Sin darnos cuenta, aceptamos que ‘incapacidad moral permanente’ se convirtiera en sinónimo de ‘87 votos de oposición’.
No respetamos la figura del indulto humanitario, y el daño que su laxitud ocasiona a la independencia de poderes y a la confianza en el sistema de justicia. Más importante era “pasar la página” y la “reconciliación”. Sin pedir perdón. Sin diálogo. “Yo soy el presidente, ya lo entenderán con el tiempo, me agradecen después”. Pasamos por alto que una gobernabilidad sustentada en mentiras y componendas no resiste ni el más tenue de los sismos. Eso y el pequeño detalle de que toda nuestra clase política está investigada por hechos de corrupción y lavado de activos en el Caso Lava Jato. Es decir, si el indulto es ahora moneda de cambio, fácilmente transable, digamos que su cotización está al alza en el mercado político.
Finalmente, no diferenciamos entre ‘aporte de campaña’ y ‘pago adelantado de soborno’. Decidimos ignorar que en todo el mundo las empresas apoyan financieramente a candidatos y que ello no necesariamente implica un compromiso para devolverle el favor. Hoy que “tenemos la certeza que apoyaron a todos” (Marcelo Odebrecht, dixit), es difícil no pedir que “se vayan todos”.
Es bastante más cómodo no dar la batalla. Mucho más fácil es ignorar al caído sobre todo cuando tiene (algo o todo de) culpa. Luchar por un bando que no tiene banderas, el de la institucionalidad y respeto de las leyes, parece una locura… hasta que nos damos cuenta de que ya no queda nada más por qué luchar. Porque gracias a las batallas que nunca dimos, la guerra ya había terminado.