La última gran concesión, por Diego Macera

A fines de los 80, Argentina no era una excepción a la desastrosa situación económica de buena parte de América Latina. Hiperinflación, déficit fiscal de 9% del PBI, contracción pronunciada del PBI, desempleo y, en fin, muchos de los males por los que el Perú pasó en la misma década.

Y, como ocurría aquí, parte de la razón era una actividad empresarial estatal desbocada. A inicios de los 90, el gobierno de Carlos Menem encaró la situación y emprendió un ambicioso plan de privatizaciones que alcanzó 154 transacciones. En este contexto, la privatización del servicio de agua y desagüe fue un hito importante en la reconversión de la economía y de los servicios públicos argentinos.

¿Cuáles fueron las consecuencias de la privatización de Aguas Argentinas en Buenos Aires? Según un estudio de investigadores de las universidades San Andrés, Berkeley y Torcuato Di Tella, los resultados fueron los siguientes: reducción de la tarifa; incremento de conexiones de agua y desagüe en 30% y 20%, respectivamente, sobre todo en zonas pobres periurbanas; inversiones anuales en infraestructura pasaron de US$25 millones bajo la empresa pública a US$200 millones bajo control privado; minimización o desaparición de cortes de servicio; mejora en la pureza del agua; y, a través de la posibilidad de cortar el servicio ante tres meses de deuda, más del 90% de usuarios pagaban por el agua utilizada. Todo esto se logró con una planilla que pasó de 7.365 empleados a 3.800.

Para los autores del estudio, sin embargo, lo anterior era apenas operativo, instrumental. Lo que buscaban en realidad era el impacto de la privatización sobre la mortalidad infantil que, como se sabe, está asociada frecuentemente a enfermedades infecciosas y parasitarias que se pueden evitar con acceso a agua corriente y desagüe. Encontraron que la privatización en Buenos Aires y otras ciudades tuvo como efecto una caída de 8% en mortalidad infantil en general, y de 26% en las zonas más pobres. La rigurosidad académica del trabajo sorprende tanto como sus resultados.

¿Qué puede aprender el Perú de esta experiencia? ¿Garantiza la privatización o concesión de servicios pública mejores resultados que la gestión estatal? No necesariamente: ahí está el penoso caso de la EPS de Tumbes, Atusa –la única con gestión privada y también indicadores de desempeño lamentables–, para recordar que, sin un buen contrato, una licitación limpia, capacidad de supervisión del regulador, y sanciones cuando corresponda, la cosa no camina.

Sin embargo, la experiencia peruana con la concesión de otros servicios –como telefonía o electricidad– es elocuente. La solución, a diferencia de lo que entiende el actual gobierno y los anteriores, no pasa por seguir poniendo decenas de millones de dólares en un sistema estatal quebrado que ha probado por décadas ser ineficiente para proveer el servicio (apenas hace tres días, por ejemplo, el gobierno suscribió un préstamo por US$70 millones para financiar seis EPS). Eso es continuar llenando un balde con hueco.

La solución pasa por poner, finalmente, los incentivos correctos a la gestión privada del agua. Incentivos para invertir en ella, almacenarla, cuidarla, tratarla y garantizar que llegue a todos los hogares a precios razonables. Hoy los más pobres en las ciudades pagan varias veces más que aquellos que sí tienen conexión por un galón de agua de baja calidad. Difícilmente se puede concebir algo más injusto. No obstante, la legislación obtusa de hoy, empezando por la Ley de Recursos Hídricos, así como la demagogia política, imposibilitan casi cualquier progreso sustantivo. Si una caída de 26% en la mortalidad infantil entre las zonas más pobres no hace a alguien por lo menos preguntarse si sería buena idea analizar esta ruta, ya no sé qué lo hará.