¿Quién boicoteó a Phillip Butters?, por Andrés Calderón

¡Qué rico es el Perú! Hasta en su coyuntura. De un suceso bastante normal como el despido de un periodista que perdió el respaldo de sus auspiciadores por una conducta pública inapropiada (por decir lo menos) se pueden extraer muchas lecciones valiosas desde el derecho y el periodismo.

Phillip Butters ha culpado a varias empresas privadas y al gobierno de boicotearlo, por retirarle la pauta publicitaria que hacía rentable su programa radial. Aquí hay un primer error: son los consumidores quienes lo boicotean, no sus anunciantes. Los anunciantes solamente reaccionan al boicot, sea haciéndole caso y retirando sus auspicios o haciendo oídos sordos y respaldándolo. Un grupo importante de auspiciadores, simplemente, decidió hacer caso.

Tiene un punto el señor Butters, no obstante, cuando dice que no es lo mismo que la decisión provenga de una empresa privada que de una entidad pública. En principio, el privado puede hacer lo que quiera con su dinero; en cambio, el Estado debería guiarse por factores más objetivos al momento de contratar su pauta publicitaria. Para lo cual debería haber unos lineamientos o protocolos que hagan más transparente, predecible y neutral el gasto público en auspicios publicitarios. 

Sí podría haber una forma soterrada de censura cuando una entidad estatal deja de auspiciar a un programa radial o televisivo cuyo mensaje es opuesto al que quiere transmitir el gobierno –por más noble que este último sea–. O también cuando cesa la publicidad en un periódico cuya línea editorial es crítica al gobierno. Es lo que los norteamericanos llaman restricción por el punto de vista (‘viewpoint restriction’). Este tipo de decisiones que inciden en la libertad de expresión de los medios de comunicación no deberían basarse en la postura del medio o del comunicador, sino en aspectos más neutrales y objetivos, como el ráting y la lectoría.

El número de oyentes o lectores, sin embargo, no es la única condición objetiva por tomar en cuenta. Segundo error. También es válido que el Estado establezca objeciones en torno al cumplimiento de ciertos estándares por parte de los programas que auspicia. Y un estándar mínimo puede ser el respeto a la ley. Un programa radial cuyo conductor se dedica a insultar a personas y a mentir infringe la ley. Así de sencillo. No importa que lo haga para atacar a homosexuales o a heterosexuales, a curas o a ateos, a políticos o a la Liga de la Justicia y a los Vengadores. Su opinión no importa. Lo que importan son sus insultos y falsedades.

Finalmente, hay un tercer error en el que el periodista incurre. El señor Butters ha anunciado un contraataque contra las empresas que le quitaron el respaldo publicitario. Un boicot para que la gente deje de consumir sus productos. Y ciertamente sería perfectamente válido que lo hiciera, incluso por el solo hecho de haberle quitado su auspicio. El boicot es una manifestación legítima de la libertad de expresión conjunta de un grupo de ciudadanos. Pero para que mantenga validez, no puede usarse en el camino expresiones dolosamente falsas –además de burdamente xenófobas–, como por ejemplo afirmar que una compañía chilena de telefonía espía a los peruanos, asociar a una marca de zapatos con Odebrecht o clamar que una marca de útiles escolares puede envenenar a los niños, como ha empezado a hacer el controversial periodista/activista (si cabe, acaso, esa dualidad).

Hasta para boicotear hay que saber hacerlo.