Entre las cosas que han quedado meridianamente claras después del cierre de decenas de universidades por parte de la Sunedu es que ni la libre competencia ni la provisión pública proveen, por sí solos, una educación de calidad para todos.
En el caso de la educación privada, al tratarse de una actividad con serias fallas de mercado (asimetrías de información, bienes públicos, externalidades), requiere de una regulación que facilite la materialización de los beneficios de la competencia. Por eso me parece un acierto que en un decreto de urgencia publicado la semana pasada se haya dispuesto que los colegios privados devuelvan la parte proporcional de la cuota de ingreso en caso de retiro o traslado de los alumnos. Ello, porque estas cuotas han venido funcionando como barreras a la movilidad de los estudiantes, convirtiéndolos así en clientes cautivos a quienes se les pueden aumentar la pensión sin temor a que se vayan.
Hace un par de años, para escribir una columna en este Diario, busqué información sobre cuánto habían aumentado los costos de la educación privada en Lima. Encontré que, en los colegios de mi muestra, las cuotas de ingreso y las pensiones habían subido 30%-60% entre el 2012 y el 2017 (mucho más que la inflación). Un aumento tan significativo puede estar justificado en algún caso, pero de ninguna manera en todos. Más bien parece responder a una estrategia de precios destinada a extraer cada vez más dinero a los padres de familia. De hecho, ¿cuál es la razón por la que los colegios tengan que cobrar cuotas de ingreso? ¿Cuáles costos no pueden recuperar con las pensiones ordinarias?
Las razones que limitan la movilidad de los estudiantes, por cierto, van más allá de la cuota de ingreso. Cambiar de colegio a un niño es caro no solo en términos de dinero, sino también de tiempo y, sobre todo, costos de adaptación. Pero no tengo dudas de que las cuotas de ingreso juegan un papel importante en la creación de demanda cautiva. De hecho, los datos de mi muestra también indican que durante esos cinco años las cuotas de ingreso aumentaron más rápidamente que las pensiones. ¿Casualidad? No lo creo.
Por otro lado, así como existen fallas de mercado también existen fallas de Estado; es decir, regulaciones que llevan a resultados peores que los que se tendría sin ellas. ¿Es este el caso? No lo creo. Esta medida no es muy diferente a la que permitió el traslado de proveedor de telefonía celular manteniendo el mismo número. Antes, la perspectiva de perderlo actuaba como barrera a la movilidad y convertía a muchos usuarios en clientes cautivos de su proveedor. Luego de su implementación, estas empresas han tenido que esforzarse más para mantener a sus clientes. En mi opinión, se trata de una regulación procompetitiva.
Pero no hay que perder la perspectiva. Esta medida, si bien acertada, es nada comparada con todo lo que hay que hacer para tener el sistema educativo que necesitamos. Al final, ninguna medida que mejore la educación privada va a sustituir la necesidad de contar con colegios y universidades públicas de calidad. Y eso requiere mucho, mucho más, que un simple decreto de urgencia.