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“El gusto por el poder está implantado en la mayoría de los hombres y es natural abusar de él cuando se adquiere” (Alexander Hamilton).
El Congreso quiere controlar a su antojo al Indecopi, Osiptel, Osinergmin, Ositran, la Sunass, la SBS y Susalud. Y, si se lo permiten, también a la Sunedu.
Si algo va a distinguir al Poder Legislativo durante el último quinquenio es su apetito por el poder. Ese impulso por extender sus dominios más allá de la Plaza Bolívar y ampliar sus réditos, políticos o mercantiles, en fueros judiciales, fiscales y administrativos.
¿Recuerdan esas reuniones clandestinas de excongresistas con miembros del disuelto Consejo Nacional de la Magistratura? ¿O las llamadas en clave con el juez y hermanito supremo César Hinostroza? ¿La defensa férrea que hicieron del nombramiento de Pedro Chávarry como cabeza del Ministerio Público? ¿Cómo olvidar el último intento parlamentario de repartija del Tribunal Constitucional que proponía a letrados cuyo único mérito era una lealtad a designios políticos, inmune al bochorno?
El elenco que reemplazó a los congresistas disueltos no tiene la unidad, la fuerza, ni los nexos políticos que acumularon el fujimorismo y el Apra en su momento. Por ello, sería muy complicado un intento de copamiento similar en espacios tan expuestos a la luz pública como el Poder Judicial, el Ministerio Público o la Junta Nacional de Justicia. El Tribunal Constitucional sigue siendo, sin embargo, un botín al alcance de sus votos y alguna componenda debajo de la mesa.
Enfrentadas a sus propias limitaciones, entonces, algunas bancadas –o, más precisamente, algunos políticos en particular– dirigieron sus colmillos hacia bocados, digamos, más dietéticos, y se fueron a cazar “ositos” (el nombre con el comúnmente se conocen a los organismos reguladores en el Perú).
Basta leer algunas líneas de la escuálida moción que el Congreso aprobó el último viernes para investigar a los reguladores para darnos cuenta de su estrechez de fundamentos. “[L]os últimos Estados de Emergencia (…) han mostrado (…) los abusos de posición de dominio, la conformación de cárteles”. ¿Cuáles exactamente? ¿Qué cartel ha surgido y se ha probado durante un estado de emergencia?
“Conductas anticompetitivas como el acaparamiento y la especulación”. Aun si estas prácticas estuvieran probadas y fueran sancionables (que no lo eran), ni siquiera serían anticompetitivas. Por el contrario, la escasez y los precios elevados incentivan el ingreso de más oferta y más competencia.
Y sigue: “Osiptel ha emitido sendas resoluciones para suspender los servicios de los usuarios”. Falso, la suspensión no la aprueba ningún regulador, es una prerrogativa que tiene cualquier empresa ante la falta de pago. “Susalud ha venido permitiendo los abusos por parte de clínicas y laboratorios privados a través de cobros excesivos e indebidos”. Los precios excesivos no se prohíben en ninguna economía de mercado y los engaños a los consumidores, si los hubiese, se prueban luego de una investigación y procedimiento sancionador que, por cierto, están en curso.
En fin, no hay mucho que esperar de la pesquisa que presidirá el congresista José Luna Morales de Podemos, más allá de una tomadura de pelo del tamaño de la falsa fachada de Telesup.
Para algunos parlamentarios, sin embargo, esta es la oportunidad para figurar como reivindicadores populistas. Para otros, la mira está verdaderamente puesta en algunos mercados como el de la salud o la educación, donde tienen intereses que resguardar.
Mucho cuidado con alimentar pasivamente los apetitos de un Congreso con ánimo “acaparador”. Una vez que se acumula suficiente poder es difícil saciar el hambre.
