El 30 de junio último, el Parlamento chino aprobó una draconiana ley de seguridad nacional para Hong Kong que pone fin al principio “un país, dos sistemas”, el cual permitía a los hongkoneses gozar de derechos democráticos negados al resto de ciudadanos chinos: libertad de expresión, de religión, de prensa y de protesta, entre otras. Derechos que la República Popular China se comprometió a respetar a cambio de que el Reino Unido acceda a la devolución de Hong Kong en 1997 (compromiso que se encuentra plasmado en un tratado bilateral depositado en las Naciones Unidas).
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