El pico interminable, por María Alejandra Campos

Mientras tanto, el presidente Martín Vizcarra anuncia en conferencia de prensa que regresan la inmovilización obligatoria los domingos y que los niños, nuevamente, solo pueden salir media hora al día. Vizcarra pidió paciencia: “Sabemos que es difícil, sabemos que tenemos que pedirle a la ciudadanía un poco más de paciencia”. Y también imploró responsabilidad: “Pensamos que es preferible retroceder un paso, solo el domingo, para generar la responsabilidad de todos para nuevamente después recuperar las condiciones que todos quisiéramos tener” (sic).

Sin embargo, todo suena insuficiente y la curva sigue en ascenso, como ha estado, en mayor o menor medida, desde que la pandemia llegó al país. Queda claro que no es un problema exclusivamente nacional, todos los países del mundo están haciendo un gran esfuerzo por tratar de controlar el avance del virus, apenas unos pocos han tenido éxito. Pero el país está agotado y por eso el presidente pide paciencia. Estamos agotados los ciudadanos, los burócratas, los niños y los abuelos.

Claramente seguir con este ritmo de esfuerzos a media caña que no logran tener un impacto significativo en la curva de muertes y contagios no es sostenible. A este paso, no estamos lejos de caer exhaustos y dejarnos vencer por el COVID-19. Por eso, es importante que el Gobierno considere hacer un gran esfuerzo en un período de tiempo concreto, donde se puedan establecer expectativas y metas específicas y que signifique una ventana de oportunidad para la colaboración transversal entre Estado y sociedad.

¿Qué tendría que pasar para que esto ocurra? Intuitivamente diría que al menos cuatro cosas. Primero que se establezca un marco normativo específico que permita al Estado comprar y contratar de manera mucho más ágil que en la actualidad, para que esté en capacidad de adaptarse a la evolución del virus. En ese sentido, un gran programa de gobierno a gobierno para la lucha contra la pandemia podría ser una solución viable. Ya aprendimos de la reconstrucción del Norte: nuestro sistema de contrataciones no funciona en emergencias.

Lo segundo es desplegar una campaña de comunicación inmensa. Pensemos en las épocas preelectorales, cuando las calles están infestadas de pancartas y paneles con propaganda y la mitad de la pauta de los medios de comunicación está destinada a la publicidad política. Esa es la escala que debería tener la intervención comunicacional del Gobierno para educar a las personas sobre cómo cuidarse del COVID-19. Se requiere no solo transmitir mensajes claros, sino desbaratar mitos producto de la sobrecarga de información a la que están sometidas las personas en tiempos de Whatsapp y redes sociales.

Lo tercero es facilitar la investigación y el desarrollo de pruebas moleculares locales y baratas. A estas alturas todos tenemos claro que las pruebas rápidas no nos sirven para adaptarnos a la nueva normalidad: detectan mal y tarde y no les brindan a las personas la información necesaria para cuidarse y cuidar a los demás. Es indispensable que los peruanos contemos con una industria local que nos permita no depender de la oferta global de pruebas moleculares.

Finalmente, se debe hacer cumplir la ley. Las multas contra los infractores de las normas ni se ponen, ni se pagan. Estamos en estado de emergencia y tiene que quedar claro que si uno sale en toque de queda o se le ocurre pasear sin mascarilla, existe una consecuencia tangible e inevitable para su trasgresión.

Actualmente la situación del país frente al COVID-19 es terrible, pero no pensemos que por eso no se puede estar peor. No es tiempo de que el Gobierno y los ciudadanos bajemos los brazos.