José Carlos Requena

Julio suele ser un mes determinante para conocer el rumbo que tomará el país en meses venideros. Lo fue en el 2019, cuando la propuesta de Martín Vizcarra de adelantar elecciones, formulada en su mensaje a la nación, exacerbó el enfrentamiento con el Congreso y concluyó con la disolución de este último dos meses después.

Lo fue también en el 2018, cuando el mismo Vizcarra anunció la propuesta de reforma política (aunque luego no se hizo gran cosa). Más recientemente, lo fue en el 2022, cuando las revelaciones de Bruno Pacheco empezaron a complicar más al hoy encarcelado Pedro Castillo.

¿Qué podría darse en el primer julio que enfrenta la presidenta en el cargo? En el Ejecutivo, seguramente la situación no variará mucho y, por ello, la impopularidad y la falta de reacción probablemente se mantengan.

Para empezar, parece haber poco espacio para anuncios efectistas. El no ha mostrado gran imaginación y la suya es una voz bastante desgastada. Además, no parece haber mucha voluntad de moverse a la velocidad de crucero porque a la que ha llegado es a la de un vehículo destartalado.

Por otro lado, nunca faltan las expectativas que ven en un cambio ministerial alguna oportunidad de relanzamiento. Pero las selecciones que ha hecho Boluarte en sus modificaciones anteriores excepcionalmente han sido una mejora (Juan Carlos Mathews en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, por ejemplo), por lo que no tendría por qué haber espacio para el optimismo.

Es poco probable, además, que haya cambios en la PCM. En ese cargo, Alberto Otárola parece más una necesidad que una decisión. Si bien su posición parece menos sólida que hace uno o dos meses –al haberlo colocado a la defensiva de algunas acusaciones o de los embates de otras influencias palaciegas–, es todavía un actor inamovible. Por lo demás, es difícil imaginar a Boluarte con un primer ministro distinto.

En el Congreso, tampoco habrá muchos cambios en gran medida porque los 130 miembros son los mismos que, en muchos casos, tienen necesidad de ayuda mutua con el Ejecutivo. Hay mucha estridencia y fuegos artificiales, pero terminan siendo superficiales.

Inevitablemente se realizarán cambios en la Mesa Directiva. Se cambiarán personas y hasta es probable que una nueva coalición logre ganar esa fundamental elección. Solo en este segundo caso podría haber cambios, sobre todo en el manejo de la agenda. Pero muy pronto podría establecerse un nuevo pacto tácito, basado en la mutua necesidad de sobrevivencia, que llevaría al pragmático Ejecutivo a cambiar de énfasis.

Tampoco cambiará la dinámica, cifrada desde hace algunos meses en un “ampay me salvo y a todos mis compañeros” casi permanente. Entre “Niños, “mochasueldos” y reclutadores a los que solo parece importarles hacer crecer sus bancadas.

Esta situación hace particularmente relevante el altísimo riesgo regulatorio que se vivirá en los próximos meses, en los que el Ejecutivo aparece con su capacidad de observar leyes bastante reducida. Al final de cuentas, muchas cosas pueden terminar siendo aprobadas por insistencia.

Sin que las cosas cambien, el panorama no resulta muy promisorio para el Gobierno que es impopular, carente de reacción y está supeditado al poder del Congreso. Mucho menos para la economía, que presenta reiteradas señales de alerta. Aunque el día de hoy la formalidad establece el calendario electoral en el 2026, lo cierto es que es difícil imaginar que una situación así se sostenga por tres años más. Llegado el momento, sus aliados en el Congreso le bajarán el dedo y serán forzados a encontrar una salida.

De hecho, hay que considerar el ánimo respecto a la presidenta Boluarte: un impresionante 51% cree que su gobierno es peor que el de su predecesor, el golpista Pedro Castillo (“La República”, 25/6/2023). Así, más que a Guatemala, el país parece estarse acercando a ‘Guatepeor’.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

José Carlos Requena es analista político y socio de la consultora Público